El Gobierno de Aragón construirá tres nuevos centros en Valdespartera

El director general de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, Ricardo Almalé, ha asegurado este martes que el decreto que regula la escolarización supone potenciar la educación pública y ha asegurado que ponerla en valor "no implica ningún agravio con la concertada".

Un decreto que lo que hace es "dar mejor respuesta a la ciudadanía" de acuerdo con las recomendaciones del Justicia de Aragón y del dictamen del Consejo Consultivo, según ha puesto de manifiesto Almalé ante la Comisión parlamentaria de Educación, Cultura y Deporte.

Almalé ha comparecido a petición de Ciudadanos para informar sobre las modificaciones realizadas en el criterio de baremación en el proceso de escolarización de los alumnos de Aragón para el próximo curso escolar.

Y a petición del PP para que explique los criterios seguidos en la elaboración del proyecto de decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los centros públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Susana Gaspar, se ha referido a la diferencia de baremación del domicilio familiar y laboral, que esta formación no comparte, y a que no se haya tenido en cuenta la adaptación de los tiempos escolares que algunos centros han llevado a cabo.

La diputada del PP María José Ferrando, quien ha acusado a los responsables de Educación de "sectarios", ha preguntado si el decreto va a redundar en la mejora de la calidad del sistema, a reducir los índices de fracaso escolar, a mejorar las altas cotas de escolarización en primera opción o si va a resolver los problemas de falta de plazas en localidades como Cuarte, que ella misma piensa que "no".

Se les llena la boca de cohesión social pero no engañan a nadie, ha dicho.

El director general de Planificación y FP ha explicado que se trata de un decreto de escolarización, no de admisión, y por tanto "es garantía de un derecho mayor".

Respecto al baremo entre el domicilio laboral y familiar, Almalé ha señalado que con este criterio "queda asegurado el domicilio laboral" y puesto que solo hay un punto de diferencia entre ambos "la igualdad de oportunidades queda asegurada".

Ha informado asimismo que la distribución de los tiempos en cada uno de los centros que se han acogido a la jornada continua estará colgada en la web una vez que se produzca la resolución definitiva.

Almalé ha aprovechado para anunciar la presentación la próxima semana de un plan de infraestructuras que incluye tres nuevos centros en el barrio de Valdespartera y la apertura de "todas las vías" que se han cerrado en anteriores legislaturas en otros colegios.

La socialista Margarita Périz ha compartido las palabras de Almalé y ha reiterado que reforzar la escuela pública "no quiere decir" que estén "en contra de la privada", sino que se trata de favorecerla para que las familias puedan elegirla y ha subrayado la necesidad de apostar porque el alumnado estudie en su barrio.

La diputada de Podemos, Erika Sanz, quien ha echado en falta un plan de infraestructuras, considera que las políticas del departamento son "conservadoras y continuistas".

Desde el PAR, María Herrero ha reprochado que se hayan introducido cambios en algo que funcionaba bien como el proceso de escolarización, ha calificado de "incongruencia" que se quiten puntos al domicilio familiar y se favorezca al profesorado con hijos en su centro, además de que, a su juicio, el que 93% de las familias optaran por el domicilio familiar demostraba que no era un problema.

El portavoz de CHA Gregorio Briz ha hecho un "alegato" a favor de la jornada continuada, que es lo que está demandando la sociedad, ha dicho que primar el domicilio familiar es "lo que sociabiliza" y ha subrayado la necesidad de que la Comisión de Garantías favorezca la escuela pública y facilite la subsidiariedad de la concertada.