A lo largo de 2015 se registraron en Aragón 47 casos de agresiones a trabajadores públicos de las oficinas de empleo. Según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y divulgados por los sindicatos, en 2015 se produjeron casos de violencia física o verbal en, como mínimo, siete oficinas del INAEM de la provincia de Zaragoza. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denuncian, sin embargo, que los casos reales pueden ser "bastante más" dado que no todas las oficinas cuentan con vigilante de seguridad y "la mayoría de los casos aún no salen a la luz".

Debido a la delicada situación que viven las personas en paro y el tipo de atención presencial que se presta en estas instalaciones, las oficinas de empleo están consideradas uno de los puntos calientes de la Administración y por eso cuentan con un protocolo específico para contabilizar de forma sistemática los casos de violencia hacia sus trabajadores. Este protocolo registra no solo los casos de violencia física, sino también los incidentes que conllevan insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el personal y el mobiliario de la oficina.

La de Zaragoza fue la segunda provincia que más incidentes de este tipo comunicó a lo largo del año 2015, por detrás de Barcelona, y concretamente la oficina de la calle Santander fue la tercera oficina con más casos de violencia registrados a nivel nacional (14). En la oficina de Ranillas se contabilizaron 13 incidencias; en la del Parque de la Memoria seis; cinco en la de Caspe; tres en la Dirección Provincial y otras tres en la oficina Zaragoza–Centro, ubicada en la calle de Doctor Cerrada.

"Estos datos solo reflejan una primera prueba del grave problema de inseguridad que viven a diario nuestros empleados públicos", opinan desde el CSI-F. El sindicato denuncia además que tres de cada diez oficinas a nivel nacional carecen de personal de vigilancia. En Zaragoza son dos (Zaragoza Centro y Caspe) y precisamente una de ellas, la de Caspe, está considerada como oficina crítica debido a cuestiones como la falta de espacio, de privacidad y el volumen de gente que frecuenta sus instalaciones.

De las comunicaciones recibidas, el informe del SEPE muestra que el 76,6% de los casos de violencia consistieron en agresiones verbales hacia los trabajadores (insultos, amenazas, gritos...); un 16,6% en agresiones verbales con golpes al mobiliario y un 3,7% combinaron agresiones verbales y físicas hacia el trabajador. Respecto a las demás situaciones, un 2,8% fueron agresiones solo contra el mobiliario (golpes en la mesa, arrojo de objetos...) y un 0,3% golpes a los trabajadores. Asimismo los datos reflejan que en un 66% de los casos las agresiones iban dirigadas a mujeres.

"Como consecuencia de estas situaciones algunos empleados sufren de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección", aseguran desde el sindicato. "Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social", añaden.

A nivel nacional se registraron 326 casos de violencia en las oficinas de empleo y en cuanto a las causas, en su mayoría (un 23%) se debieron a 'falta de cita previa, demora en la atención de las citas o equivocaciones en las citas'. Como segundo motivo le sigue, con un 20%, la denegación de una prestación o subsidio o los trámites para solicitar dichas ayudas.

Desde el sindicato piden hacer extensible el protocolo a otros ámbitos delicados en los que también podrían registrarse episodios de violencia, como las oficinas de atención al público de la Seguridad Social, los médicos evaluadores, la Inspección de Trabajo, las encuestas presenciales del INE o los examinadores de tráfico.