Casi 30 entidades locales de Aragón llevan tres años sin rendir cuentas a Hacienda

Desde que comenzó la crisis económica, el control financiero de las entidades públicas ha sido una constante desde el Gobierno central. Contener el  déficit a nivel nacional pasaba, en gran parte, por controlar el gasto de todas las administraciones. Así, en la llama ley de Economía Sostenible, se regulaba la obligatoriedad de las entidades locales de rendir cuentas cada ejercicio al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde 2011, periódicamente, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro facilita los datos de rendición y pone en el disparadero a los consistorios incumplidores.

La última remesa de datos se hizo pública hace tan solo unos días. Hacienda distribuyó un listado con los nombres de todas las entidades locales que faltaron a su deber, no solo el ejercicio 2014, si no también los anteriores: 2012 y 2013.

En Aragón, 90 organismos (entre los que aparecen ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales menores) tienen algún periodo sin rendir cuentas. Hasta 85 de ellas habían faltado a su compromiso, al menos, en el último de los ejercicios.

Se trata, en su mayoría, de pequeños municipios, por eso en la relación ministerial destacan sobre manera las grandes localidades que no cumplieron, que apenas son un puñado. Se trata de Zuera (7.820 habitantes, según los datos demográficos oficiales más actualizados), Mallén (3.292), Escucha (953) y Samper de Calanda (854).

Lo preocupante del listado es que aparecen bastantes ayuntamientos con más de un ejercicio sin presentar. La situación es especialmente grave en 26 casos. Este es el número de administraciones públicas aragonesas que no han presentado sus cuentas al ministerio nunca. En las provincias de Huesca y Zaragoza, los consistorios que han faltado siempre a su obligación se sitúan en torno a los 100 habitantes. En el caso de Teruel la cosa cambia, pues entre los incumplidores aparecen Samper de Calanda, Martín del Río (441 habitantes) y Monroyo (360).

Consulte aquí la relación completa de entidades locales aragonesas incumplidoras

?Las consecuencias de faltar al compromiso

Hay que destacar que no rendir cuentas con el ministerio no es un comportamiento que quede impune: acarrea sanciones. La ley de Economía Sostenible, que entró en vigor en 2011, establece que Hacienda “respeta plenamente” la autonomía de las entidades locales, pero que a aquellas que incumplan la obligación de remitir la liquidación de sus respectivos presupuestos puede retenerles el importe de las entregas mensuales de la Participación en los ingresos del Estado (los PIE) que les corresponda.

Precisamente estos días, el departamento bajo la batuta de Cristóbal Montoro también ha dado cuenta de las últimas retenciones aplicadas a ayuntamientos que no le facilitaron los datos económicos de 2014 a tiempo. La información corresponde al pasado mes de marzo. Hacienda ha retenido a cinco ayuntamientos aragoneses (Gistaín, en Huesca; Castelnou, Samper de Calanda y Torre de Arcas, en Teruel; y Mallén, en Zaragoza) un total de 45.403,26 euros. Gran parte de esta cantidad se corresponde con la retención aplicada al único municipio zaragozano en la lista y que asciende a 33.880,61 euros, según la información facilitada por el ministerio. Este embargo se hará sobre el total de los PIE que se les tenga que transferir.

Meses de retraso

Las entidades locales están obligadas a presentar sus cuentas a Hacienda todos los meses de marzo. La información siempre corresponde al ejercicio inmediatamente anterior, por lo que los gestores responsables tienen varias semanas para recopilar la información y hacerla llegar al ministerio. No obstante, existe un segundo plazo de presentación tolerado, y que está establecido en el mes de octubre. Por lo tanto, los retrasos en la presentación de la información no son ni de días ni de semanas, si no de varios meses.

Aún así, la ley permite a los responsables de las entidades locales justificar la “imposibilidad material” de cumplir con su obligación. Siempre que esta sea razonada, y previa solicitud del Pleno de la entidad local de que se trate, Hacienda suspenderá la retención de fondos durante un tiempo determinado. Cuando se reanuden los pagos, también se transferirán las cantidades que habían sido embargadas con anterioridad.