El Gobierno de Aragón multará a los ayuntamientos que no le faciliten la información necesaria para cobrar a los vecinos el impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA), de cuya recaudación se encarga desde este año directamente el Instituto Aragonés del Agua (IAA), en lugar de que los propios consistorios sean los que giren los recibos, como ocurría hasta ahora.

Desde la DGA recuerdan que este cambio era una demanda de las entidades locales, que se tenían que responsabilizar del cobro y posteriormente de transferir esas cantidades al Ejecutivo autonómico, lo que les acarreaba diversos problemas, así como gastos de gestión. Además, algunos municipios se negaban a recaudarlo al no tener construidas todavía sus depuradoras.

El texto de la reforma fiscal aprobada en las Cortes y que entró en vigor el pasado 1 de enero atribuye la gestión y recaudación al IAA, si bien sigue siendo necesaria la colaboración de los ayuntamientos o de las empresas encargadas en su caso del suministro de agua en cada municipio, que deberán facilitar periódicamente los datos referidos a los usuarios y sus consumos para que la sociedad externa contratada por el Instituto Aragonés del Agua pueda liquidar el tributo.

Los consistorios que cumplan con esta obligación disfrutarán de una bonificación del 10% en la tarifa de este impuesto aplicable al gasto de los propios ayuntamientos, según otra de las modificaciones de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón introducidas a través de la reforma fiscal. Hasta ahora, la DGA les daba una compensación por los gastos que les ocasionaba el cobro.

Pero los ayuntamientos que no aporten la información exigida no solo no se beneficiarán de la rebaja en su factura del agua, sino que además se enfrentarán a una multa, ya que, según el nuevo texto legal, se califica como "infracción tributaria grave" la no presentación de forma "completa y correcta" de los datos para pasar al cobro los recibos.

La base de la sanción que se impondrá a los incumplidores, señala la ley, será la cuota resultante de la liquidación que practique el Instituto Aragonés del Agua –que comprobará el consumo y la facturación– a la entidad suministradora que no envíe la información, o bien la diferencia entre la adecuada liquidación y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados. La primera infracción acarreará una multa del 10% de la base que corresponda y por cada nuevo incumplimiento en el año siguiente, la sanción se incrementará un 15%.

La capital pagará un 30%

Además de los cambios introducidos en el procedimiento de recaudación, la principal novedad este año en relación al ICA es la incorporación de Zaragoza capital al sistema. Y pese a que finalmente los vecinos tendrán durante el presente ejercicio una bonificación del 70% en lugar del 60% que planteaba en un principio el Ejecutivo, el Ayuntamiento mantiene su rechazo a la subida del recibo que conllevará, ya que considera injusto el impuesto al haber pagado su depuradora con fondos propios. De hecho, el equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha encargado un informe jurídico para decidir si lleva el asunto a los tribunales. Las conclusiones del mismo todavía no se conocen.

Fuentes municipales recuerdan que están a la espera de que el presidente aragonés, Javier Lambán, "fije por fin una fecha" para la reunión que le han solicitado el alcalde, Pedro Santisteve, y en la que pretende abordar tanto este como "distintos temas de toda índole" que están pendientes de solución. En la lista figuran la deuda del tranvía o la ley de Capitalidad.

Pese a que la ley que recoge la bonificación para Zaragoza y otros municipios que han costeado sus instalaciones está ya aprobada, el Ayuntamiento sigue exigiendo una moratoria "similar, al menos, a la concedida a las estaciones de esquí", que este año no pagarán el impuesto del cable.

De momento, el Gobierno de la capital no ha aclarado si finalmente colaborará con el IAA y le facilitará, como exige la ley, el padrón del agua para que se cobre el impuesto a los zaragozanos, o bien llevará su oposición a este tributo hasta sus últimas consecuencias y se negará a facilitar la labor de la empresa encargada.