Broto exige a dependientes deudas de hasta 3.000 euros y luego paraliza la reclamación

El Departamento de Derechos Sociales ha empezado a reclamar a dependientes aragoneses deudas que en algunos casos ascienden a más de 3.000 euros y que se generaron por el retraso del anterior Gobierno autonómico PP-PAR a la hora de aplicar el incremento del copago en función de la capacidad económica de los beneficiarios. No obstante, el Gobierno de Aragón ha encargado un informe jurídico para analizar si puede eximir a los afectados de la devolución.

La medida adoptada por los populares disparó la aportación de determinados beneficiarios hasta más de un 100%, al tener en cuenta su patrimonio y no solo la renta, en función de la cual se calculaba hasta el cambio normativo introducido por la orden dictada en agosto de 2013. Afecta a servicios como el alojamiento en residencias, centros de día, teleasistencia o ayuda a domicilio.

Esta modificación, que desató un aluvión de críticas de los agentes sociales y de los partidos que entonces estaban en la oposición –entre ellos los actuales socios de gobierno, PSOE y CHA– entró en vigor en noviembre de ese mismo año. Pero no fue hasta julio de 2014, según la DGA por problemas informáticos, cuando finalmente se actualizaron las cuotas de quienes en ese lapso de tiempo empezaron a recibir alguna de las prestaciones incluidas en el sistema de dependencia, o aquellos cuyo expediente se revisó en ese periodo.

Al comunicarles las nuevas tarifas –la mayoría sufrieron un incremento–, ya se les advirtió de que en los meses siguientes tendrían que pagar también los retrasos generados en cada caso a partir de la entrada en vigor de la orden, el 20 de noviembre de 2013.

No obstante, la devolución de esas cantidades no llegó a ser requerida por el Ejecutivo PP-PAR. Pero en las últimas semanas, los afectados por esta situación han recibido una carta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en la que se les comunicaba que de inmediato se les empezarían a cobrar las cantidades que adeudaban. Eso sí, se permite fraccionarlas, de modo que al usuario de una residencia, por ejemplo, se le prorratea la cuantía reclamada, lo que incrementa el precio que paga mensualmente por su plaza hasta que liquide su deuda. El calendario establecido por el IASS para devolver el total reclamado se puede alargar hasta 17 meses.

Fuentes del Departamento de Derechos Sociales, dirigido por la socialista María Victoria Broto –que en la oposición fue muy beligerante contra estos cambios por contribuir a "destruir" el sistema de dependencia– justificaron el envío de estas notificaciones porque "la maquinaria administrativa sigue su curso". Pero aclararon que en cuanto la Consejería tuvo constancia de la situación, se ordenó detener el envío de estas cartas de reclamación de los atrasos.Se ha empezado a cobrar

Además, se ha encargado un informe a los servicios jurídicos para analizar la posibilidad de "suspender la retroactividad" en la aplicación de la norma, que, según recordaron, supone una adaptación a la legislación estatal que el PP modificó. Ello implicaba que la aportación máxima podía elevarse hasta el 90% del precio del servicio, frente al 80% de la pensión que se podía exigir antes al usuario de una residencia, por ejemplo.

Las citadas fuentes explicaron que la intención de la DGA es "hacer una interpretación de la ley favorable al ciudadano", puesto que el retraso en su aplicación se debió a "causas administrativas", para lograr que "no tengan que devolver" esas cantidades. Eso sí, a algunos ya se les han empezado a cobrar el recargo correspondiente en su cuota mensual.

Desde Derechos Sociales eludieron cuantificar la deuda global y también el número de afectados. En todo caso, a comienzos de 2015, el entonces consejero del ramo, Ricardo Oliván, informó de que de los 159 expedientes analizados hasta entonces para su revisión, 93 vieron incrementada su aportación para adaptarla al coste real del servicio, al computarse sus ahorros y propiedades. Cuatro dependientes siguieron pagando lo mismo tras la rebaremación y a otros 62 se les rebajó su tarifa.

Por otra parte, cabe recordar que en el decálogo firmado con Podemos para la investidura de Javier Lambán como presidente del Ejecutivo aragonés, el PSOE se comprometió a "dejar de realizar las reclamaciones retroactivas por ingresos percibidos como consecuencia del retraso en la notificación de las resoluciones".