La DGA tendrá que incluir en la OEP las plazas ocupadas por interinos
En 2007, 2010 y 2011 ya se anularon las Ofertas de Empleo Público por este mismo problema.
El Gobierno de Aragón deberá ampliar la oferta de empleo público para 2015 para incluir todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos, de acuerdo con la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Según informa la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el fallo del Tribunal declara que no son conformes a derecho las Ofertas de Empleo Público aprobadas por el Gobierno de Aragón en cuanto omiten en las mismas todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.
Además, reconoce el derecho de la asociación recurrente a que el ejecutivo modifique los decretos impugnados, incluyendo en las Ofertas de Empleo Público para el 2015 todas las plazas reservadas a funcionarios cubiertas por personal interino o eventual o por personal estatutario interino.
El Tribunal Supremo ya anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo, ha anulado las de 2010 y 2011 y, con la nueva sentencia, la de 2015, y están pendientes de resolución las impugnaciones formuladas frente a las ofertas de 2013 y 2014.
El TSJA, según explica dicha asociación, entiende obligado el respeto de la inclusión de plazas ocupadas por interinos que exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la ley aragonesa de función pública, pues el incumplimiento de dichos preceptos suponen una lesión directa del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en la Constitución.
De acuerdo con la sentencia, las plazas cubiertas por interinos deben ser incluidas en oferta, sin que la administración pueda aducir motivos económicos y de autoorganización para no dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
La asociación va a solicitar al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, como responsable de función pública, que no se plantee recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el único fin de retrasar la firmeza y efectividad del fallo judicial.
También que se proceda a la ejecución de la sentencia para asegurar el pleno restablecimiento del derecho de acceso a la función pública dentro de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
