El criticado Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, la posibilidad de que empresas y hogares generen su propia energía a través, en la mayoría de los casos, de placas solares, ya es una realidad. Tras más de dos años de idas y venidas por medio de borradores y alegaciones, el Consejo de Ministros dio el pasado viernes, la víspera del puente, luz verde al texto, que pese al rechazo de organizaciones de consumidores, del sector renovable y de la mayoría de los partidos de la oposición, no ha cambiado en gran medida las “malas noticias” que se intuían respecto a los proyectos que se habían puesto encima de la mesa.

A partir de ahora aquellos que quieran autoabastecerse y estén conectados a la red y necesiten su respaldo -es decir, todo lo que no sean casas o industrias ubicadas en puntos donde no llega la red eléctrica- deberán soportar una serie de peajes para sufragar “el coste del sistema eléctrico”, según explicó el propio ministro de Industria. Es decir, por utilizar la red para verter energía o tomar de ella cuando el sistema de autoconsumo no sea suficiente.

Este nuevo cargo, denominado por sus detractores como 'impuesto al sol', gravará las instalaciones “hasta encarecerlo de tal manera que deja de ser atractivo en muchas opciones”, según señala Francisco Campo Buetas, experto en materia fotovoltaica de la consultora BiCeo y asesor técnico de la Unión Española Fotovoltaica, organización que ha sido especialmente crítica con los cambios que ha impulsado el Gobierno en el mercado renovable. Un marco que compromete, según se señala desde el sector, el desarrollo de una tecnología que ya llevaba unos años retrocediendo tras la reforma del sistema energético y la reducción de las primas a las energías verdes.

En Aragón, el nuevo reglamento afecta directamente a los planes que durante las dos últimas legislaturas los ejecutivos, de uno y otro color, parecían contemplar para esta tecnología. No en vano, en el Plan Energético de Aragón hasta 2020, aprobado el pasado año, el Gobierno recogía el autoconsumo como una de las vías a explorar. Opción que también había sido respaldada especialmente en otras autonomías como la Navarra, Cataluña o Murcia.

Y es que, pese a que la forma final del Decreto ha suavizado algunos de sus puntos y exime finalmente de sufragar los costes variables del peaje a las instalaciones más pequeñas -aquellas de menos de 10 kilovatios- y a las de Canarias y Baleares, en el texto ha desaparecido completamente la posibilidad de contemplar el balance neto, sistema que consiste en que cuando una instalación particular genera más energía de la que consume la cede a la red; y tome de esta un equivalente a lo cedido durante el día cuando la instalación no produce (por la noche por ejemplo) sin coste alguno.

Esto afecta especialmente a las instalaciones más grandes, las que podían tener desarrollo en empresas, donde se agrandan los problemas. Con el nuevo decreto, las instalaciones de menos de 100 kW podrán verter a la red el sobrante de la energía que generen, aunque no recibirán ni un euro por ello, mientras que las más grandes (las mayores de 100) recibirán por la energía que vendan lo que marque el mercado a la hora a la que se suelte la energía a la red. “Esto lastra completamente el desarrollo a niveles más grandes. Y lo que aún es más grave, perpetúa la inseguridad jurídica en la que estaba el sector”, opina Buetas, quien señala que disposiciones como la exención de parte de los cobros a las instalaciones más pequeñas son transitorias, y que Industria se guarda en el Decreto la posibilidad de ampliar los costes en un futuro. “Es una forma de cargarse definitivamente al autoconsumo”, señala literalmente.

Este sistema de saldos horarios por el que se pagará la energía sobrante fue precisamente uno de los puntos contra los que el anterior Ejecutivo de la DGA alegó en 2013 ante el borrador del Decreto cuando se dieron a conocer las primeras versiones de la regulación, apostando, frente a sus compañeros de siglas a nivel nacional, por el sistema de balance neto que se usa en otros países de Europa. Ahora, desde el actual Departamento de Economía del nuevo gobierno aragonés se señala que se está estudiando a fondo el nuevo marco para poder actuar en consecuencia y ver qué margen de maniobra queda.

Además, según las primeras lecturas, el Decreto también pone freno a una previsible expansión del autoconsumo en comunidades de vecinos, al prohibirse que varios pequeños autoconsumidores se puedan asociar, aunque este aspecto tendrá especial incidencia en un primer momento en polígonos industriales.Las empresas aragonesas comienzan a trabajar en el extranjero ante la parálisis del sector

Todo esto ha creado un marco que ha frenado en buena parte las expectativas de unos de los sectores con más crecimiento en los últimos años. Solo en el año 2013 y el comienzo del 2014 en Aragón se instalaron más de 50 sistemas de autoconsumo conectados a la red, lo que permitía generar parte de la electricidad del edificio con el consiguiente ahorro en la factura. Después, su progresión ha sido anecdótica debido a que los rumores sobre el temido 'impuesto al sol' echaron el freno a buena parte de aquellos que pensaron en implementar un proyecto de este tipo.

Un ejemplo de este sistema fue el instalado en el edificio de la Fundación del Hidrógeno, en Walqa, donde un equipo de placas solares distribuye casi una cuarta parte del consumo anual del edificio, lo que redundaba en un ahorro estimado de 1.100 euros anuales. Ahora, estos sistemas tendrán que reorganizar sus planes de amortización además de adaptarse a la nueva norma aquellos que no estuvieran prevenidos, plazo para el que se ha dado seis meses.

“En los últimos años hemos estado trabajando partiendo de la base de que se aprobarían estas restricciones y diseñando sistemas que se adaptaran completamente a la previsible regulación. Sin embargo, la incertidumbre hizo que muchos proyectos se cayeran porque la gente pensaba que ya se había aprobado el impuesto sin que ni siquiera hubiera pasado del borrador”, señala Manuel Burrel, ingeniero industrial de Solingenia, la empresa que desarrolló el sistema de la Fundación del Hidrógeno, y que ahora ha empezado a trabajar con proyectos en América Latina ante la caída de la demanda. “Es una tecnología que ya está creciendo, y mucho, en otros países, y que aquí parece que no estemos dispuestos a explorar”, recalca.