El 30% de las sugerencias del Justicia sobre residencias son de irregularidades administrativas
La institución incide en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de estos centros.
Desde 1998, el Justicia de Aragón ha visitado 219 establecimientos de atención al mayor, tramitado 470 expedientes y dirigido a las Administraciones 56 Sugerencias y Recomendaciones, el 30% sobre irregularidades administrativas.
Una de las conclusiones que arroja esta intensa actividad, según señalan en una nota de prensa, es la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de estos centros mediante la coordinación de las administraciones municipal y autonómica encargadas de conceder las licencias correspondientes, con el fin de que los periodos de provisionalidad sean lo mas breves posible.
Así lo expuso el Justicia, Fernando García Vicente, en el año 2007, con motivo de la presentación en las Cortes aragonesas de un Informe Especial sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón y lo ha reiterado a las Administraciones implicadas cada vez que se ha dado la circunstancia.
Las residencias para personas mayores precisan, básicamente, dos tipos de autorizaciones administrativas: una, de carácter municipal, que es la licencia de apertura y, otra, dependiente del Gobierno de Aragón, que implica la autorización para su normal funcionamiento.
En opinión reiterada del Justicia de Aragón, es elemental que "los centros cuenten con estos requisitos administrativos para reforzar la seguridad jurídica, pues otra cosa supone falta de control que eleva el riesgo de deficiencias, funcionamiento irregular e inadecuada atención a los usuarios".
Por otro lado, considera que la concesión de la licencia municipal de apertura es relevante a los efectos de inscripción del centro en el Registro de entidades, servicios y establecimientos de acción social, lo que a su vez es requisito para la posible concertación de plazas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Además de la situación administrativa de las residencias, las visitas que realizan los asesores de la Institución a los centros de atención al mayor permiten comprobar las condiciones de habitabilidad, estado de las instalaciones y dependencias, capacidad, servicios que prestan, etc.Según explican, las situaciones son variadas y se reflejan al detalle en los informes individuales que todos los años se publican en el Informe Anual de actividad de la Institución.
En este sentido, en 2014 se visitaron 20 residencias y centros de atención al mayor de las tres provincias aragonesas, y se hizo una Sugerencia a la Administración autonómica sobre el plan de evacuación de la residencia municipal de Nogueruelas (Teruel), que ha sido aceptada recientemente.
En general, subrayan que la detección de irregularidades o situaciones anómalas son puestas en inmediato conocimiento de la Administración, a quien compete la vigilancia y control de estos centros. En este sentido, el Justicia insiste que el primer objetivo de las visitas no lo constituye tanto la detección de posibles irregularidades, como el impulso de la acción inspectora y de definición de requerimientos de calidad en la prestación del servicio por parte de las administraciones competentes.
El Justicia especifica que esto motivó el año pasado las sugerencias formuladas a la Administración autonómica sobre la conveniencia de regular y establecer protocolos de actuación detallados acerca del uso de limitaciones de la autonomía de la voluntad, tales como internamientos involuntarios o sujeciones restrictivas físicas o farmacológicas, y sobre la prevención y detección de malos tratos a personas mayores. Ambas sugerencias fueron aceptadas.
