Ocho exdiputados solicitan la cesantía y cobrarán entre todos hasta 204.585 euros de las Cortes
Percibirán el salario base de 2.965 euros por cada año de parlamentario, con un máximo de 18 mensualidades. Cinco pertenecen al PSOE y el resto representaron al PP, al PAR y a IU.
Los 39 exparlamentarios tienen derecho a percibir una mensualidad de 2.965 euros (el salario base de un diputado) durante tantos meses como años hayan mantenido su escaño, hasta un máximo de 18. La cesantía se pactó con el objetivo de cubrir a los parlamentarios que se quedaran, literalmente, sin otro ingreso, ya que como políticos no pueden cobrar el subsidio del paro al no tener la consideración de trabajadores por cuenta ajena.
Según ha podido contrastar este diario, los socialistas han sido los que más se han acogido a esta prerrogativa económica: cinco de los ocho que cobrarán la de la Cámara pertenecían a este grupo parlamentario, mientras los tres restantes formaban parte de los del PP, PAR e IU.
Precisamente, el expresidente de las Cortes que aprobó la cesantía, Francisco Pina, será el mayor beneficiario del sistema porque es el único que ha permanecido las ocho legislaturas, junto al aragonesista José Ángel Biel. El socialista sí ha solicitado la cesantía, por lo que tendrá derecho a cobrar las 18 mensualidades, es decir, 53.370 euros. Esto le permitirá hacer la transición hasta su jubilación, porque tiene ahora 64 años recién cumplidos.
También se han acogido a su derecho la exconsejera y exsecretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, el histórico Carlos Tomás y los alcaldes de Used y de Alagón, Carmen Sánchez y José María Becerril.
Por parte del PP lo ha hecho su portavoz en la Puebla de Alfindén, Nuria Lóriz, que durante la pasada legislatura compatibilizó su tarea con la de alcaldesa. El aragonesista Antonio Ruspira también lo ha solicitado, al igual que el exdiputado de IU y exalcalde de Andorra, Luis Ángel Romero.
En el caso de Eva Almunia, Carlos Tomás y Antonio Ruspira, podrán cobrar la indemnización con el cómputo global de sus años como parlamentarios, independientemente de que lo hayan hecho con paréntesis. La socialista lo fue entre 2003 y 2015, con una interrupción durante su etapa como secretaria de Estado (2008-2010) y los meses que ejerció a su vuelta como consejera de Presidencia y candidata autonómica en las elecciones de hace cuatro años. Tomás ejerció igualmente en las tres últimas legislaturas, además de entre 1995 y 1999 (aunque dejó el cargo a mitad de mandato). El tercero, Ruspira, lo hizo en la última legislatura y entre 2003 y 2007.
Los únicos que no se han acogido son los dos de CHA que no lograron revalidar su acta como parlamentarios. En el caso de Carmen Martínez, es funcionaria y pidió su reingreso, al igual que hizo Joaquín Palacín en su empresa tras las elecciones autonómicas y municipales de finales de mayo.
En el caso de Carmen Martínez será por poco tiempo, ya que volverá a convertirse en parlamentaria al correr la lista tras la decisión del líder nacionalista y consejero de Vertebración Territorial y Movilidad, José Luis Soro, de renunciar a su acta. El relevo se hará en el próximo pleno, que se convocará a finales de mes para aprobar el techo de gasto de la Comunidad para 2016.
Hasta el momento se han acogido a este derecho ocho exdiputados, aunque el resto tienen medio año de plazo desde que se extinguió su condición de parlamentario. Es decir, deberán solicitarlo antes del próximo mes de octubre, con la excepción de los que pertenecían a la comisión permanente, que dispondrán hasta finales de año.
Para solicitar las cesantías, los beneficiarios deben apuntarse previamente a las listas del paro en alguna de las oficinas del Inaem, certificar su baja como cotizante en la Seguridad Social y presentar su declaración de bienes. En todos los casos, su percepción deberá estar avalada por un informe de los servicios de Intervención de la Cámara.
Fuentes parlamentarias aclararon que una vez se ha concedido la indemnización, las Cortes hacen un "control exhaustivo", que implica que los exdiputados deben aportar a la institución su declaración de la renta para demostrar que no han percibido ningún otro ingreso.