Los proveedores de papel y material informático cortan el suministro a la Universidad por impagos

En 2012, Endesa amagó con cortar el suministro eléctrico. El año pasado, el Rectorado tuvo que dar orden de que no se hagan obras de mantenimiento salvo que exista un riesgo para la seguridad o la salud. Y ahora, los impagos amenazan algo tan básico como los folios o los cartuchos de tinta para las impresoras. Las empresas que suministran a la Universidad de Zaragoza el papel y el material informático fungible –el que se consume conforme se va usando– han avisado de que no servirán más pedidos hasta que la institución no les abone lo que les debe. Esta situación ha provocado que al menos uno de los departamentos del campus ya haya enviado un correo electrónico a sus profesores en el que les solicita que economicen el consumo de papel e impresiones hasta que el problema se resuelva.

En esa comunicación se detalla que el problema reside en que "la falta de reposición de fondos" por parte del Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria de la Universidad –el que se encarga de los pagos centralizados– y el consiguiente "retraso" en los pagos a proveedores, que han provocado que tanto la empresa suministradora de material fungible informático como la que se encarga de proveer de papel hayan advertido de que "no prestarán servicio" mientras no se les abonen las cantidades que tienen pendientes por los pedidos ya satisfechos.Fuentes oficiales de la Universidad de Zaragoza explicaron ayer que el Rectorado no tiene constancia de esta situación. "Que sepamos, no ha habido una comunicación oficial por parte de esos proveedores", señalaron.

No obstante, las mismas fuentes reconocieron que "es posible" que los constantes problemas de tesorería que sufre la institución desde hace varios años estén afectando al suministro de papel y materiales informáticos. "Es verdad que la Universidad no es la mejor pagadora y que conforme el Gobierno de Aragón va ingresando dinero se van haciendo los pagos que se consideran más urgentes en cada momento", indicaron. Además, recordaron que todos los abonos a los que se va haciendo frente se centralizan en una caja única.

La cuestión de fondo es que la Universidad de Zaragoza acumula siete ejercicios consecutivos de ajustes en sus presupuestos, los mismos que lleva pidiendo al Gobierno de Aragón que aumente la transferencia de fondos que la institución académica recibe anualmente del Ejecutivo autonómico. Lo que empezó siendo una reclamación política ha acabado convirtiéndose en un litigio en los tribunales, ya que a finales de abril el Rectorado presentó un recurso contencioso administrativo para exigir a la DGA el pago de 51,5 millones de euros que se incluyeron en el pacto de financiación firmado en 2011 con el gobierno PSOE-PAR y que durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi no han llegado a abonarse.

Durante ese tiempo, el equipo del actual rector, Manuel López, ha puesto en marcha un plan de racionalización del gasto con el que espera ahorrar 30 millones de euros en tres años y que se basa en un centenar de medidas como suprimir asignaturas con baja demanda; cerrar los campus los sábados y los periodos vacacionales; revisar los contratos con los distintos proveedores de servicios y suministros; ahorrar energía, combustible y agua...

Sin embargo, todas estas iniciativas no han logrado impedir que la Universidad siga sufriendo constantes tensiones de tesorería que le obligan a concertar créditos a corto plazo –por ejemplo, a finales del año pasado tuvo que pedir un préstamo de 5 millones para poder pagar la nómina de diciembre–.

En este sentido, desde el Rectorado critican que Aragón es la segunda autonomía que menos invierte en la universidad pública:la aportación de la DGA supone un 58,8% del presupuesto total, cuando la media nacional está en el 66%. Además, la institución académica denuncia que la financiación básica que aporta el Ejecutivo autonómico para pagar al personal y los gastos corrientes ni siquiera llega a cubrir el 90% de esos dos capítulos básicos, cuando en otras comunidades sí llega al cien por cien.

A este panorama de dificultades para pagar los sueldos y los gastos de funcionamiento hay que sumar las consecuencias de la ausencia casi total inversiones tanto para reformar los edificios ya existentes como para construir otros nuevos.

El caso más sangrante es el de la Facultad de Filosofía y Letras, que sigue sufriendo un goteo constante de incidentes debido al deterioro que acumulan sus instalaciones. No obstante, también hay deficiencias en Veterinaria, Medicina, Economía y Empresa y en edificios recién construidos como el de la Facultad de Educación, que funciona en precario.