El último informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la actividad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) durante el año 2013, es demoledor. En él señala que la entidad pública podría estar pagando "prestaciones fraudulentas" como resultado de una gestión poco eficaz, su "falta de previsión" y la carencia estructural de personal que sufre desde el año 2011.

Una consecuencia directa de esta carencia de profesionales se plasma en el alto absentismo del Fogasa en sus propios juicios. A lo largo del año auditado, el organismo se presentó en 1.688 de las 2.826 vistas que tuvieron lugar en Aragón. Es decir, no se personó en cuatro de cada diez. Las ausencias fueron especialmente numerosas en la provincia de Zaragoza, donde no hubo letrados de la entidad en más de un millar de casos.

El Tribunal de Cuentas critica que el número de letrados del Fogasa es "insuficiente" y que no hay un procedimiento claro para decidir a qué juicios asisten, sino que "cada uno decide discrecionalmente, sin justificar los motivos de su no asistencia".

A la postre, esto supone que se están abonando prestaciones que, en caso de oposición del Fogasa, no se tendrían que pagar, ya que se podría haber alegado situaciones como que el trabajador no estaba de alta en la Seguridad Social -en 2013 se reconocieron prestaciones a 1.117 trabajadores en estas circunstancias en toda España por valor de 5,55 millones-, porque al existir un fraude el trabajador habría desistido de su demanda, o por tratarse de una empresa ficticia -caso de 65 trabajadores que recibieron 413.596 euros del Fondo, entre otros motivos.

Superan el plazo legal

Otro de los aspectos negativos de la gestión que subraya el informe es que apenas una cuarta parte de los expedientes aprobados a lo largo de 2013 (118.863) cumplieron el plazo máximo legal permitido, lo que puede ser causa de demanda, mientras que en 7.409 de ellos se denegó la prestación cuando debería haberse aplicado el silencio administrativo positivo.

Además, el Tribunal critica que las argumentaciones utilizadas en las resoluciones son "escasas y genéricas", lo que también "podría devenir en una falta de motivación" de la actuación administrativa, "con la consecuente presentación de demanda por parte del trabajador".

Por otra parte, la falta de comunicación del Fogasa con el Sepe ha permitido que algunos trabajadores estén cobrando prestaciones por duplicado, y tampoco se están remitiendo adecuada y de manera homogénea a la Agencia Tributaria los casos de deudas por subrogación para su cobro.