Según el inspector de Hacienda que ha elaborado el informe, la empresa Gestión Colectiva defraudó la cantidad mencionada al no presentar la autoliquidación correspondiente al tercer trimestre del IVA de 2010, a pesar de que tenía fondos suficientes para pagarlo. El técnico ha averiguado que la sociedad disponía de dinero para abonar no solo los 250.000 para los que solicitó un aplazamiento, sino los 453.112 que debería haber ingresado si hubiera presentado la autoliquidación .

Hacienda cree que Eduardo Lacasta, administrador único de Gestión Colectiva, demostró una "absoluta falta de intención de pago" y, teniendo dinero más que suficiente, "lo ocultó en una cuenta titularidad de otra empresa".

"Esta actuación –recoge la denuncia– no puede atribuirse a un mero error o negligencia, sino a una actuación consciente, voluntaria y reiterada, directamente dirigida a eludir la tributación, junto con otras finalidades, ya que las cantidades que debía autoliquidar e ingresar en dicho trimestre se encontraban contabilizadas".

Los inspectores han comprobado que en 2009 Lacasta vendió participaciones de Gestión Colectiva a otras sociedades suyas o de su sobrino, lo que significa que siempre ha mantenido el control de esa firma directa o indirectamente, según el informe de Hacienda.

Además, entre marzo y julio de 2010 hizo una serie de operaciones con la empresa Montemayor Negocios. Esta firma fue constituida en 2009 en un denominado nido societario (la gestoría Ramón Cerdá Sanjuán, especializada en suministrar sociedades ya registradas) y en diciembre de 2009 se vendieron todas las participaciones de Montemayor a Lasartes Promotora 21 S. L., representada por Alfredo L. S., y a Drago Española 21 S. L., representada por Lario G. D., albañil también y testaferro de Eduardo Lacasta, como Alfredo L.

"Debe señalarse que dicha adquisición de participaciones por el entorno de Lacasta se hizo pocos meses antes de que comenzaran las ventas de inmuebles de Gestión Colectiva", señala el inspector fiscal. Además, mediante el desplazamiento de dinero de Gestión Colectiva a Montemayor se ocultaron los bienes de aquella y se pusieron a salvo de sus acreedores, entre estos la propia Agencia Tributaria, lo que podría constituir un delito de alzamiento de bienes.

El 20 de julio de 2010, Gestión Colectiva presentó la autoliquidación del segundo trimestre y solicitó un aplazamiento del resto (250.000 euros) "alegando falsamente dificultades transitorias de tesorería", según Hacienda. "Se ha acreditado –añade– que ese día dicha mercantil tenía un saldo de tesorería de 485.575 euros, si bien de este importe, 374.574, estaban en la cuenta bancaria de Montemayor".

El 30 de septiembre de 2010, cuando se le solicitó la denegación del aplazamiento, el saldo de las cuentas de Gestión Colectiva era de 890.356 euros, es decir, superior a los 250.000 del aplazamiento denegado, aunque casi todo ese importe (826.477) estaba en la cuenta bancaria de la otra sociedad.

Es decir, según el inspector, Lacasta tuvo en todo momento fondos suficientes para hacer frente a las deudas por IVA no solo del segundo trimestre sino del tercero. "Sin embargo, –recapitula– el dinero de Gestión Colectiva se ocultó sistemáticamente en una cuenta de otra entidad buscando crear una apariencia de dificultad de tesorería inexistente en la realidad y sustraer sus bienes de un eventual embargo de la Agencia Tributaria".