Aragón es una de las tres autonomías que no prevén abonar a los funcionarios la extra de 2012

La DGA se convierte también en la única administración aragonesa que no incluye en el presupuesto de 2015 una partida específica

Pablo Asín (CSI-F), Alicia Hernández (UGT) y Paco González (CC. OO.), en las puertas del Pignatelli.
Aragón es una de las tres autonomías que no prevén abonar a los funcionarios la extra de 2012
oliver duch

Los funcionarios de la DGA serán triplemente agraviados. Al contrario que los empleados públicos del Estado, los de otras 14 comunidades y los del resto de instituciones aragonesas no cobrarán –al menos de momento– la parte devengada de la paga extra de Navidad que recortó Mariano Rajoy en 2012.


Aragón es una de las tres autonomías y la única administración de la Comunidad que no ha incluido en el presupuesto del próximo año ni una sola partida para abonar los 20 millones de euros que se ha calculado tendrá que devolver (la cuarta parte).


El propio ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que abonará a sus empleados esta retribución y todas las comunidades del PP salvo Baleares y Aragón han marcado ya unos plazos de devolución. En algunos casos se abona en dos nóminas y en otras, en una sola. Tampoco tiene ninguna previsión de reembolso Andalucía. Pero el agravio llega incluso a la Comunidad. Las tres diputaciones provinciales y los tres ayuntamientos de las tres capitales ya han habilitado fondos para abonar el próximo año el dinero adeudado. Algunas instituciones, como las Cortes, ya han pagado la deuda con sus trabajadores.


Pero, además, hay que recordar que existen sentencias en Aragón del Tribunal Superior de Justicia que dan la razón a los empleados públicos de la Administración autonómica. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, hace caso omiso. El argumento esgrimido es que la ley de Presupuestos Generales del Estado especifica que las comunidades solo podrán abonar la paga extra si cumplen con la estabilidad presupuestaria, algo que el Ejecutivo autonómico no hará por segundo año consecutivo.


La situación ha generado gran malestar en el Pignatelli y las críticas a la presidenta no se han hecho esperar. Pablo Asín, de CSI-F, cargó contra "la gran Rudi" y su acción de gobierno, "basada en cumplir el objetivo de déficit" que se ha demostrado, "pese a los recortes, que no es adecuada". Además, acusó a Rudi de "despreciar a los empleados públicos y la negociación colectiva". No obstante, confió en que, al final, la Administración autonómica pagará. Recordó que hay elecciones en mayo.


Paco González, de CC. OO., apostilló que el Gobierno de Rudi "desprecia hasta las decisiones de los tribunales". "Pensaba que el hecho diferencial era otra cosa, no ser los más tozudos en cumplir", lamentó. "Somos los funcionarios más desgraciados de toda España y de Aragón", avisó González, que criticó que mientras adoptan medidas "electoralistas" como bajar impuestos, "recortan ampliamente los derechos laborales".


También la presidenta de la comisión gestora de la federación de servicios públicos de UGT, Alicia Hernández, se pronunció y calificó a los funcionarios como "paganos" de la situación. "Este gobierno está siendo el más disciplinado con las medidas de austeridad. No se pasa ni un milímetro y, a veces, incluso da una vuelta de tuerca", censuró Hernández, que anunció que las protestas de los viernes continuarán. También aludió a las sentencias del TSJA que existen y su obligado cumplimiento.


Esta decisión afecta a más de 40.000 empleados públicos y, según estimaron los representantes sindicales, el importe correspondiente a la cuarta parte de la extra suprimida oscilaría entre los 250 euros de los funcionarios con menor categoría profesional y los 700 de la máxima.