La improbable herencia de los dependientes fallecidos

La familia tiene derecho al dinero que la Administración adeudaba en el momento de la muerte.

La improbable herencia de los dependientes fallecidos
Heraldo

El pasado 23 de julio falleció a los 72 años de edad J. R., un aragonés que no podía valerse por sí mismo según los informes emitidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). A pesar de tener aprobada una prestación de 230,19 euros en un primer momento y de 241,91 en segunda instancia, este aragonés y su familia no percibieron un solo euro por parte de la Administración pública durante los más de tres años que pasaron desde la emisión del primer expediente positivo.


En total, el IASS dejó de transferirle casi 8.000 euros desde que se le diagnosticara una dependencia de grado II y nivel 1 en febrero de 2011, un diagnóstico que en abril de 2013 fue ampliado. En todo momento se le reconoció la necesidad de un servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio y prestación económica para cuidados en el entorno familiar.


Ahora, la familia de J. R. busca obtener el dinero que no percibió durante la convalecencia de su pariente, al que dedicaron un tiempo que 'robaron' a sus carreras profesionales. "Los herederos tienen derecho a cobrar, el problema es que estas compensaciones no están llegando en ningún caso", explican desde el colectivo Marea Naranja.


"El Gobierno autonómico prioriza siempre la prestación de un servicio (residencia de día, pública o privada, o vivienda) en lugar de abonar las cantidades aprobadas. En muchos casos no se conceden ni una ni otra", matizan.


La Dirección Provincial del IASS archivó el expediente de J. R. el 14 de agosto. Como su caso, se suceden cada año, desde 2011, otros muchos en todo el territorio autonómico. El Justicia ha contabilizado un total de 19 fallecimientos en lo que va de 2014 de personas con derecho a prestación que se encuentran en lo que en el argot de los servicios sociales se conoce como 'limbo': las autoridades reconocen una necesidad de ser atendido, pero no pone los medios precisos.


"En Aragón hay 7.500 casos de personas en ese famoso limbo, según los datos oficiales", explican desde el colectivo Marea Naranja. "Nosotros, en apenas dos semanas de junio, recogimos 500 casos particulares y se los hicimos llegar a la dirección general correspondiente y al consejero de Sanidad", añade.


A lo largo de 2014, la Institución del Justicia ha recibido 94 quejas derivadas de la aplicación de la Ley de la Dependencia –desacuerdos con modificaciones, retrasos en la aprobación de la prestación, revisión del grado de dependencia, disconformidades con el PIA... Las sugerencias concretas a la Administración autonómica ascienden a 50, y en 7 de ellas se sugiere a la Administración que pague la prestación a los herederos.


El grupo de grado III disminuye casi un 10%


Si en 2011 tres de cada diez que eran analizados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales -IASS- se les adjudicaba un grado III, en la actualidad solamente lo consiguen dos. “Desde mediados de 2011 se empezó a paralizar la ley de dependencia y al año siguiente se cambió el baremo con el que decidía qué nivel le correspondía a cada uno”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

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