El Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza ha retirado el pasaporte al exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y le prohíbe salir del país diez meses después de que fuera imputado en el caso Naves, en el que se investiga el desfase millonario en una promoción de naves que la sociedad pública Plaza adjudicó a Codesport. Eso sí, deja la puerta abierta a que el actual director de Relaciones Institucionales de Telefónica para Latinoamérica pueda "realizar un viaje urgente" siempre y cuando acredite "la necesidad imperiosa". En su resolución, comunicada ayer por la mañana a las partes, le concede un plazo de 24 horas para que deposite el pasaporte. 

El juez Francisco Picazo ya adoptó la misma medida en mayo para otro de los cuatro encausados, el dueño de la constructora Codesport, Agapito Iglesias, tras conocer por los medios de comunicación que iba a viajar al extranjero. Y ahora la amplía a Carlos Esco después de que el grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía señalara en su último informe que había viajado a Suramérica en los dos últimos años y apuntara la posibilidad de que llegara a sacar dinero del país.

La resolución se dicta, además, una vez que la acusación popular, ejercida por la abogada Irene Romea en representación de UPyD, reiterara en octubre su petición de retirada del pasaporte a Carlos Esco, recordando que así se decidió en el caso de Agapito Iglesias. Romea incidió en la "similitud" de situaciones entre ambos encausados, ya que tanto uno como otro han viajado a Suramérica. 

Como informó este diario, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía destacó en su informe los viajes al extranjero de Carlos Esco y Agapito Iglesias, a los que el juez Picazo atribuye el reparto de los 15,2 millones de euros en los que cifra el sobrecoste de la promoción de naves junto a los otros dos encausados, el exgerente y el exdirector técnico de Plaza, Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez Cervantes, respectivamente.La tesis policial

La Policía puso en relación sus salidas del país con la "posibilidad" de que sacaran dinero en efectivo, detallando que Agapito Iglesias viajó a Ecuador en abril y octubre de 2013 y que Carlos Esco lo hizo a Guatemala (junio de 2013), Colombia (marzo de 2014) y Panamá (abril de 2014).

El informe de averiguación patrimonial de los imputados, encargado por el juez al Grupo de Blanqueo de Capitales, apunta directamente a la posible evasión de dinero: "Esta información se aporta dado que existe la posibilidad, por otro muy habitual en este tipo de investigaciones, de que parte de los fondos (especialmente dinero en efectivo) de los que disponen los investigados, sea trasladado fuera de España con destino a terceros países, algunos de ellos considerados paraísos fiscales". 

Basándose en este informe, el juez del caso Naves les atribuyó dos nuevos delitos a Agapito Iglesias y Carlos Esco, los de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, que forman parte de una pieza separada que por reparto le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza. Su titular aún no ha decidido si le da carpetazo o instruye diligencias al respecto.

El juez Francisco Picazo solo ha comunicado a las partes la parte dispositiva de la resolución sobre la retirada del pasaporte, ya que las actuaciones están declaradas secretas desde el pasado 10 de octubre por el plazo de un mes, salvo para el Ministerio Fiscal.

La defensa del exviceconsejero de Obras Públicas, ejercida por el abogado Juan Monclús, adelantó ayer que recurrirá la medida ante la Audiencia Provincial al considerarla "desproporcionada", ya que no existe "ni la más mínima prueba" de que Esco haya sacado dinero del país y sí de su arraigo en España y de la necesidad que tiene de viajar a Latinoamérica por motivos laborales. "No se va a escapar y que pueda evadir dinero es una mera especulación. Le quitan el pasaporte, que es un elemento básico para su trabajo. Es como si a mí me prohibieran ir a los juzgados", lamentó.

Monclús señaló que al estar secretas las actuaciones desconocen las motivaciones del juez para prohibirle salir del país, pero subrayó que, a su juicio, "infringe el artículo 19 de la Constitución", que consagra la libre circulación de las personas.

No obstante, Picazo podría autorizar su salida del país, como ya hizo este verano con Agapito Iglesias tras justificar dos viajes que tenía programados. El empresario acreditó que tenía una reunión de trabajo con unos inversores en Birmingham para tratar la posible apertura en Madrid de un almacén especializado en el reciclaje de teléfonos móviles. También debía acompañar a su hija a Bolonia para tramitar todo el papeleo de su estancia como universitaria.