Operación Pharmakon: 25 imputados y hasta 15 farmacias investigadas

Todo comenzó el pasado mes de mayo cuando, ante el asombro del pueblo entero, la Guardia Civil precintó la farmacia de la pequeña localidad turolense de Palomar de Arroyos y detuvo a su farmacéutica, Amparo A., en una operación que se llamó Pharmakon. Sobre ella cayeron, entre otras, las acusaciones de fraude al Sistema Aragonés de Salud, falsificación de documento y delito contra la salud pública. Es sospechosa de haber cobrado medicamentos al Gobierno aragonés valiéndose de recetas falsas y revenderlos después en una parafarmacia de Enguera (Valencia).

Pero lo que parecía un caso aislado resultó ser solo la punta de un iceberg e iba a dar mucho que hablar. El asunto de Palomar de Arroyos destapó un supuesto entramado de exportación ilegal de medicinas que ha salpicado a otros 14 boticarios aragoneses, cinco de Zaragoza y el resto de Teruel. Ya hay 25 imputados, entre farmacéuticos, médicos y empleados de distribuidoras de medicamentos, en la causa abierta por el Juzgado para esclarecer los hechos, ocho de los cuales han pasado por la cárcel, permanecen todavía en ella o han podido eludirla con el pago de cuantiosas fianzas. Si frente a las 750 farmacias que hay en la Comunidad Autónoma, la cifra de profesionales investigados es muy pequeña, el asunto ha causado bastante alarma entre la población, al tocar a un sector de profesionales con gran prestigio y crédito social.

La investigación, que sigue abierta, está dirigida por el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano de Lasala, un magistrado que llegó a la capital turolense hace menos de dos años y al que no le ha temblado el pulso a la hora de enviar a prisión preventiva a varios de los farmacéuticos. Por el número de imputados y el territorio afectado, el fiscal jefe de la Audiencia de Teruel, Jesús Gargallo, no dudó recientemente en calificar la causa como una de las de mayor envergadura de las instruidas en los juzgados de Teruel.

Pero no todas las farmacias intervenidas presentan las mismas connotaciones y, por tanto, no se pueda atribuir a todas las mismas irregularidades. Si la boticaria de Palomar de Arroyos saltó a las páginas de los periódicos por una presunta estafa al Gobierno aragonés, al que habría facturado medicinas que luego revendería en Valencia, al resto de los boticarios se les acusa de haber realizado determinadas operaciones que habrían permitido a terceros exportar medicamentos españoles a países en los que se paga por ellos un precio mucho más alto. Es lo que se ha denominado ‘distribución inversa’ y consiste en que el boticario vende productos a mayoristas. Esta práctica es ilegal, pues el farmacéutico solo puede dispensar medicinas a los pacientes que acuden con receta.

Muchos de los boticarios intervenidos son jóvenes y abrieron sus farmacias en el despoblado medio rural turolense hace poco tiempo, realizando una fuerte inversión económica que la crisis habría impedido recuperar. Coincidió con la aplicación de una política nacional de precios obligatorios que supuso una drástica caída del coste de muchos productos. Por ejemplo, una caja de simvastatina –el fármaco más vendido para combatir el colesterol– valía en 2010 5,14 euros y ahora su precio es de 2,17.

Para algunos profesionales del sector, este podría haber sido el caldo de cultivo que habría favorecido que pequeños boticarios hubieran caído en la tentación de convertirse en eslabón de esa presunta cadena de exportación ilegal de medicamentos. En otros casos, dicen estos profesionales, la posibilidad de aumentar ventas podría haber impulsado su implicación.Secreto de actuaciones

En tanto se levanta el secreto de actuaciones que Cano de Lasala ha dictado sobre esta causa, fuentes de la investigación apuntan a que buena parte de los medicamentos de las farmacias aragonesas investigadas habrían llegado a Reino Unido para su comercialización. Otra vía sería la utilizada por las boticas de Cariñena y Aguilón, que en contacto con almacenistas de Granada y Barcelona pudieron derivar a países del Tercer Mundo, como Guinea, la mercancía que no tenía salida en el mercado español.

El precinto de las farmacias y la detención de sus titulares ha supuesto un jarro de agua fría para los vecinos de muchos pequeños municipios, a menudo jubilados, que, a falta de otros profesionales y servicios sanitarios, depositan en el boticario toda su confianza. Las drásticas medidas judiciales, además, han obligado a los colegios de farmacéuticos a reorganizar las guardias de un día para otro y a abrir a toda velocidad botiquines de emergencia en aquellos municipios con farmacia precintada. En algunos casos, los cierres dejan sin medicamentos a ancianos que no disponen de coche propio para desplazarse hasta el pueblo más cercano con botica.

De las 14 farmacias precintadas desde que se iniciara la investigación judicial, cinco ya han podido reabrir sus puertas y el resto lo harán, presumiblemente, en los próximos días, pues sus titulares, aunque con cargos, han quedado en libertad. 

De hecho, como advierten algunos de los abogados que trabajan en el caso, todo parece indicar que la investigación está dando un giro. El pasado viernes, ninguno de los seis farmacéuticos imputados que declararon en el juzgado acabó en prisión. No solo eso, sino que la farmacéutica de Palomar de Arroyos, en la cárcel desde hace casi seis meses, fue puesta en libertad, al entender la Audiencia Provincial que la falta de libertad es una medida desproporcionada para los delitos que se le atribuyen. Lo mismo ocurrió con el boticario de Alloza. Además, uno de los almacenistas en prisión también salió a la calle tras pagar una fianza de 100.000 euros. 

Así las cosas, solo permanecen privados de libertad un distribuidor de medicamentos, un comercial de una empresa farmacéutica considerado el cerebro de la supuesta trama, y los farmacéuticos de Cariñena y Aguilón, si bien estos últimos podrían abandonar la cárcel dentro de poco, habida cuenta de que la Fiscalía ha solicitado al juez que puedan eludir la prisión con el pago de una fianza.

La operación policial para esclarecer un presunto entramado de reventa y exportación ilegal de medicinas continúa y no se descartan más cierres de boticas y detenciones de sus titulares. El asunto podría traspasar las fronteras de Aragón y alcanzar una dimensión aún desconocida. No obstante, la venta ilegal de medicinas para exportar fue detectada ya hace meses en otras comunidades del país, como Cataluña o Navarra, donde decenas de farmacias han sido multadas por esta práctica que pone en riesgo el abastecimiento de determinados medicamentos y la calidad de los mismos, al salir estos fuera del circuito oficial.