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Fondo de Garantía Salarial

Fogasa atiende este año a un 60% menos de trabajadores y empresas en Aragón

Los sindicatos critican retrasos de hasta 18 meses en el pago y el atasco de 3.000 expedientes.

I.M. Zaragoza Actualizada 15/05/2018 a las 13:55
Protesta de los trabajadores de Fogasa por falta de plantillaArchivo HA


El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha atendido en lo que va de año a un total de 1.415 empresas que no han podido resistir los embates de la crisis económica. Se trata de una cifra notablemente menor -un 62,4% menos- que la registrada en el mismo periodo del año pasado.


Tendencia similar a la apreciada en relación con el número de trabajadores afectados, que roza los 2.900, en este caso un 61% menos de los que atendió esta institución pública en 2013 a estas alturas. Como consecuencia de este descenso, también han caído las prestaciones económicas concedidas (un 51,4% menos) hasta quedarse en algo más de 15 millones de euros.

El año pasado, Fogasa tramitó en Aragón 8.104 expedientes por el cierre de 4.453 empresas, en los que se vieron involucrados 12.634 empleados (8.500 hombres y 4.000 mujeres), según las cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo.

Dos son los motivos, según explican los sindicatos, de esta reducción de actividad. Por un lado, “cada vez hay menos afectados porque después de tantos años de crisis ya queda poco empleo por destruir”, asegura José de las Morenas, secretario de Política Industrial y de Salud Laboral de UGT Aragón. Y por otro, el atasco generalizado en la tramitación de expedientes que sufre Fogasa en los últimos años por falta de personal.

“El año pasado hubo un tapón enorme que se trató de solventar externalizando el servicio a través de Tragsatec, pero no se solucionó nada”, asegura Manuel Pina, responsable de Acción Sindical de CC.OO. Aragón. “En la actualidad hay unos 400 funcionarios en Fogasa, que son los mismos, o incluso menos que en 2008, cuando había una carga de trabajo cuatro veces menor”, critica.

Por ello, los sindicatos insisten en la necesidad de reforzar la plantilla para dar salida a los miles de expedientes atascados. “Llegamos a tener 4.000 paralizados, y ahora aún quedan unos 3.000”, lamenta Pina. “Hay pocos recursos humanos -explica De las Morenas-, y los funcionarios que hay tampoco tienen el reconocimiento laboral que deberían, además de sufrir muchas veces las protestas de los afectados sin tener ellos la culpa”.
 

Retrasos en los pagos

Unos afectados que, en muchas ocasiones, los son por partida doble. “Son los que más sufren la crisis, porque están totalmente desprotegidos”, señalan desde CC.OO. A todo ello se suman los retrasos en el pago de las prestaciones.

“Ahora se están pagando expedientes de mayo de 2013”, asegura Pina. Problema que confirma De las Morenas: “Hay expedientes, digamos razonables, que tardan unos noventa días, pero otros llegan a los trece, catorce y hasta dieciocho meses”, por lo que pide que se agilicen los que llevan más de un año atascados.

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