El regadío aragonés, una de las apuestas más fuertes de instituciones y organizaciones agrarias en la Comunidad, respira a partir de hoy un poco más tranquilo. Tras años de reclamas, el Gobierno central ha accedido a rebajar los impuestos a las comunidades de regantes como respuesta a la “enorme” subida del coste de la luz en sus explotaciones. El Ministerio de Agricultura presentó este jueves a los sindicatos agrarios y las comunidades y regantes una propuesta para rebajar un 85% el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y una reducción en el régimen de módulos del IRPF, medidas que con el fin de poner remedio después de que en 2008 se retiraran las tarifas especiales con la que contaba este colectivo y que en 2013 elevara los costes de la luz con el llamado 'tarifazo' eléctrico.

“No es una solución definitiva ni mucho menos, pero ayudará a coger un poco de aire a las explotaciones”, señala el presidente de Riegos del Alto Aragón y de la Federación de la Cuenca del Ebro, César Trillo, que este jueves participó en la inauguración de una jornada de trabajo sobre agua y energía celebrada en Huesca que entre otros objetivos tiene como meta aclarar los horizontes del sector en estos ámbitos.

Según el Ministerio de Agricultura, esta rebaja fiscal acarreará unos descuentos anuales de casi 55 millones de euros para el conjunto del sector en España. En Aragón, donde se encuentran el 12% de las hectáreas de regadío del país, la rebaja podría suponer unos 7 millones de euros para el conjunto de las explotaciones, aunque según señalan los regantes, afectará de distinta forma a unos y otros. “El descuento en el Impuesto Especial puede suponer un ahorro de entre un 4 y un 5% de la factura de la luz, pero al rebaja en el IRPF no afectará a todos los productores, por lo que aún está por ver la incidencia de esta ayuda, que de una forma u otra será positiva, aunque insuficiente”, explica Trillo, quien recalca que el colectivo llevaba unido protestando más de cinco años para obtener una respuesta el Gobierno.“Un parche” para un sector en crecimiento

Solo desde 2008, el coste del recibo de la luz para el conjunto de las explotaciones de regadío que funcionan mediante sistemas eléctricos ha aumentando hasta en un 110%. Una subida que según los cálculos de los afectados repercutía en unos sobrecostes de más de 11,4 millones de euros al año. El motivo de este ascenso meteórico -más allá del aumento del precio general de la electricidad-, reside en que hasta hace seis años los regantes disfrutaban de una tarifa especial de riego que permitía pagar en función del consumo de kilovatios, régimen que fue sustituido por un nuevo modelo de facturación que daba más peso a la potencia instalada, lo que ocasiona un gran coste mensual a pesar de que los regadíos solo hacen uso de la mayor carga de electricidad durante los meses de primavera y verano.

“Los regadíos son un tipo de 'cliente' eléctrico particular, que gasta en unos momentos muy concretos del año y al que no se acopla en nada una tarifa cuyos gastos fijos, como la potencia instalada, se han encarecido de forma extraordinaria”, explica José Manuel Roche, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, que recuerda que esta subida en el precio de la luz ha mermado considerablemente las posibilidades de crecimiento de uno de los sectores agrarios más en alza de la Comunidad. No en vano, durante los últimos 15 años las comunidades de regantes y la DGA mediante fondos europeos han invertido casi 325 millones de euros en la modernización de regadíos. Un presupuesto que ha colocado a Aragón como una de las regiones punteras del sector con casi la mitad de las más de 450.000 hectáreas de regadío ya modernizadas, lo que ha llevado a los cultivos de regadío a generar hasta el 74% de los ingresos agrícolas de Aragón a pesar de solo ocupar una cuarta parte del suelo cultivado.

Y es que, según coincide todo el sector, la verdadera solución al problema sería volver “de una forma u otra” a un modelo similar al que se daba en el pago de la energía del 2008. Un cambio de sistema que permitiera mayor flexibilidad, según ha reclamado también Uaga tras conocer la propuesta del Ejecutivo, para que los agricultores puedan ampliar contratos temporales o de campaña de 5 hasta 8 meses sin penalización y, así, que el sector "pague por lo que consume", dada la estacionalidad del regadío.