El juez del caso Naves amplía el embargo de bienes a Esco, Agapito y García Becerril

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, acaba de ampliar el embargo a tres de los cuatro imputados por el sobrecoste millonario en una promoción de naves de Plaza, el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, el empresario Agapito Iglesias y el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril. Su decisión, comunicada ayer a las partes, pretende garantizar los 18,8 millones de euros que fijó como fianza a cada uno de los encausados para cubrir las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso.

Picazo ya bloqueó el pasado mes de junio las casas, apartamentos, vehículos, cuentas bancarias e incluso sueldos y pensiones de los cuatro imputados (a los tres citados se suma el exdirector técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez). El instructor estableció la mencionada fianza, conjunta y solidaria, en un auto de febrero que fue confirmado íntegramente por la Audiencia Provincial.

El único que aportó alguna propiedad para cubrir el pago fue Agapito Iglesias, quien ofreció al juez sus participaciones en tres sociedades para responder íntegramente de dicha fianza. A través de dos de ellas controlaba la sociedad tenedora del 90,23% de las acciones del club, Zaragoza Sport Arena XXI.

Al dueño del grupo Codesport se le ha embargado ahora sus rendimientos en los activos financieros Optima Ahorro Corto Plazo y Santander Emisora 120 S. A. y los seguros de vida y planes de pensiones Vidacaixa, Vidacaixa Pensión 2.000 y Plan Europopular Crecimiento 100. En el paquete se incluyen igualmente sus acciones de Telefónica y del Banco Santander. El decreto judicial, fechado el pasado 26 de septiembre, afecta igualmente a sus participaciones en otras tres sociedades: Zaragoza Plaza Center Campus Empresarial (ZPC), Inversiones Aragonesas Internacionales 2005 y Empadercli 2005.

Se da la circunstancia de que la sociedad ZPC acaba de perder una sentencia por la vía civil contra Plaza, que obliga a devolverle 12,2 millones cobrados de más por la venta de un edificio de oficinas a la sociedad pública, ya que se benefició de un "enriquecimiento injusto". Los servicios jurídicos tienen previsto solicitar su ejecución provisional en el momento que Agapito Iglesias recurra el fallo, para lo que tiene un plazo de 20 días.

A Carlos Esco se le ha embargado ahora el fondo de inversión que tiene en Caixabank, sus tres fondos de pensiones (Pensions Caixa Ambición y los dos que tiene como ejecutivo de Telefónica, Fonditel Alfa y Fonditel B) y los 5.660 valores que posee de su empresa. Todo ello se añade al bloqueo de su vivienda en Escarrilla, a las dos propiedades que comparte con su mujer, la diputada socialista Eva Almunia, en Nueno y en Hospitalet de L’ Infant (Tarragona), a dos turismos (un Volvo todoterreno y un Mini) y a una moto.

Por último, el juez del caso Naves también ha decretado la "mejora de embargo de bienes" del exgerente de Plaza, que afecta a sus activos financieros en Ibercaja, a sus acciones en Telefónica, Endesa y BBVA y al plan de pensiones que tiene contratado en Axa. No obstante, el patrimonio de García Becerril y su mujer, Elena Planté, ya estaba trabado con antelación por el juez que investiga la malversación millonaria en la urbanización de Plaza. Primero fueron las propiedades y hace más de medio año se extendió a todos sus saldos, activos financieros y cajas de seguridad,