Los "presupuestos de la recuperación", como llamó el ministro Montoro a las cuentas generales para 2015, traerán para una parte de los pueblos aragoneses una actualización de los valores catastrales, que son la referencia para determinar la cuantía del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según lo establecido en el proyecto de presupuestos, hasta 336 municipios aragoneses actualizarán estos valores catastrales. La mayoría lo harán al alza, por tener valores vigentes aprobados antes de 2006. Solo una veintena de municipios rebajará estos valores.

La actualización no solo ha sido solicitada por los ayuntamientos que lo han considerado necesario. Una parte importante de estas revisiones viene ordenada de oficio por Hacienda, al tratarse de valores que llevan en vigor al menos una década, aunque algunos incluso datan de 1986, como el caso de Aguaviva (Teruel). 

Hacienda ha establecido diferentes coeficientes de actualización en función del año de entrada en vigor de los valores catastrales. Oscilan entre el 1,13 (para los años 1984, 1985, 1986 y 1987) y el 0,78 (para el año 2009).

Zaragoza y Teruel, con 119 municipios cada una, son las provincias más afectadas por este "catastrazo", como lo han calificado algunas asociaciones de consumidores, mientras que los pueblos afectados en Huesca se sitúan en 98. De las capitales de provincia, solo Teruel actualizará sus valores catastrales, al datar la última actualización de 1990. 

En toda España, se prevé la actualización de los valores catastrales de 1.876 municipios que afectaran a más de 7,4 millones de inmuebles. De esas casi 2.000 localidades, solo el 11% harán la revisión a la baja.

Todos los municipios afectados por esta regularización se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado martes.  [Consulte el documento aquí]

Según la cartera que dirige Cristóbal Montoro, esta revisión no tiene que implicar una subida del IBI, uno de los impuestos más valorados por los ayuntamientos dados los ingresos que les proporciona. La actualización de valores tendrá "un efecto neutro" sobre el IBI, han explicado a la par que han añadido que Hacienda nunca ha pretendido sumar una subida a la ya realizada en 2012.    

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), sin embargo, está segura de que esta medida "supondrá en la práctica un incremento de impuestos a través del IBI" y critica su “afán recaudatorio”. "La Confederación entiende que se deberían buscar fórmulas alternativas para elevar la financiación de los municipios, mejorando la gestión eficiente de los recursos y evitando subir un impuesto que afecta a todos los ciudadanos independientemente de su situación económica", han valorado a través de un comunicado.

Ciudades como Zaragoza han soportado severos incrementos del IBI en los últimos años, algo que provocó la indignación de los ciudadanos dada la situación económica actual.

Esta actualización de valores catastrales llega en un año marcado por la política de 'amnistía' emprendida por Montoro en diciembre de 2012 y que en los últimos meses ha llegado a decenas de municipios aragoneses. Esta medida consistía en que aquellos vecinos que tuvieran viviendas en situación irregular (con obras no declaradas o directamente sin inscribir en el registro) podían normalizar su situación previo pago de 60 euros. Se seguirá trabajando en esta amnistía, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2016.