La fábrica de Inquinosa está sin puerta desde hace meses y sufre robos

La fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo, lejos de estar cerrada a cal y canto al tratarse de uno de los cuatro focos de contaminación de lindano, lleva varios meses abierta. Una de las puertas de entrada al recinto ha sido robada y no se ha repuesto, por lo que cualquiera puede colarse en esta ruina industrial, abandonada desde hace 20 años y que sufre un deterioro progresivo. Este se ha visto agravado por los actos vandálicos y los continuos robos de piezas y elementos metálicos de la estructura, también en las oficinas y en la valla perimetral. En una de sus últimas incursiones, los ladrones sustrajeron la puerta de unos cuatro metros de ancho por dos de alto situada en la valla que rodea el recinto. 

Junto a ella, un cartel del Gobierno de Aragón prohíbe el paso y advierte de que son instalaciones contaminadas. Antes de leerlo ya se percibe el olor a lindano, que aparece y desaparece en función del viento. Pero ni una cosa ni otra ha evitado que entren a llevarse sobre todo el hierro y otros metales. Incluso ha desaparecido la mayor parte de la escalera que subía hacia el edificio principal. 

El deterioro es visible en las pilas de bidones tiradas por el recinto, mezcladas con restos de construcción, como uralitas, casi ocultas por la maleza. Además existen dos grandes depósitos y varias balsas. 

El Ayuntamiento de Sabiñánigo asegura que ha denunciado reiteradamente la inseguridad de la fábrica para evitar que sigan entrando personas a los edificios contaminados, aunque los residuos más peligrosos ya se sacaron. Ha remitido escritos a la consejería de Política Territorial e Interior y a la dirección general de Calidad Ambiental del departamento de Medio Ambiente. "Está abierto y resulta muy peligroso, por eso he pedido que se actúe", declaró el alcalde, Jesús Lasierra, al que le han llegado informes de la Policía Local advirtiendo del "defectuoso estado" de la valla. 

Lasierra incluso trasladó a la DGA la propuesta que le hizo una empresa, con experiencia en una planta similar cerca del aeropuerto de Bilbao, para derribar los edificios y eliminar la capa superficial del suelo, ya que una descontaminación en profundidad resultaría compleja y muy costosa. "Un tema de orden público"

La directora general de Calidad Ambiental comentó que recibió una llamada del alcalde hace unos meses. "Le informamos que era un tema de orden público a resolver por la Policía,  como cualquier hurto en propiedad privada. Medio Ambiente no tiene autoridad para impedir ni permitir el acceso", aclaró Pilar Molinero. De hecho, recordó que su departamento ha tenido que pedir una orden  judicial para acceder justificando bien los motivos. No obstante, la consejería colocó hace unos años el cartel avisando al público de que las instalaciones estaban contaminadas y no se debía acceder a ellas.

La situación jurídica de los terrenos dificulta su seguridad. Una parte sigue en manos de Inquinosa y hay varias parcelas a nombre de la inmobiliaria Urmarast S. L., que las adquirió en una subasta (los procuradores de la empresa  instaron el embargo por las deudas de los pleitos). Ambas se han negado de forma reiterada desde 2010 a dar permiso para entrar a realizar inspecciones, hasta que al final hubo que recurrir al juez. 

Cuando los técnicos accedieron  por primera vez observaron "derrames y roturas de los envases" e indicios de la posible contaminación por el fuerte olor a lindano, que todavía persiste en el exterior. 

La factoría es oficialmente suelo contaminado desde 2012 por sus concentraciones de residuos de lindano y otros organoclorados en niveles superiores a los admisibles. En todo el tiempo que duró la tramitación del expediente, Inquinosa no atendió las notificaciones que se le enviaron. Y es que deberían ser la empresa química y Urmarast los que corrieran con los gastos de la descontaminación. Así se les requirió repetidamente, pero ante su pasividad tuvo que ser Calidad Ambiental la que acometiera unas actuaciones de urgencia en la fábrica y corriera con los gastos, que ascendieron a casi 300.000 euros. 

Desde 2010 a 2012, haciendo uso de las autorizaciones judiciales, se han hecho catas, tomado muestra de agua, suelo e incluso hormigón, recogido documentación de las oficinas y reacondicionado los residuos en bidones más seguros, que además fueron trasladados a zonas de la fábrica donde no corrieran peligro de alteración por las condiciones meteorológicas o por la entrada de personas ajenas. De aquí se sacaron 41 bidones de 200 litros de los residuos más peligrosos que llevaron a incinerar a Francia.