La Fundación Ozanam pide la inclusión de cláusulas sociales en los programas de menores

Trabajadores de la Fundación Federico Ozanam han reclamado la inclusión de cláusulas sociales y el mantenimiento presupuestario en los nuevos pliegos de los programas de menores que, en el marco del convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, está previsto salga a concurso tras finalizar el anterior acuerdo entre el Ejecutivo y esta organización. 

Los representantes de los trabajadores de esta entidad han pedido que "se priorice el proyecto socioeducativo frente a lo económico". El comité de esta fundación ha comparecido ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón y ha estado representado por Natalia Labé, David Raya, Marta Ruber y Rocío de Tomás. 

Esta última ha pedido las cláusulas sociales porque "cuando una empresa mercantil entra a gestionar estos servicios, se pierde sensibilidad y solo importa lo económico" y, entonces, "dónde quedan los menores", se ha preguntado. 

Entre las peticiones de este colectivo, se encuentra que los pliegos garanticen el sostenimiento del empleo, los equipos multidisciplinares y evitar la precarización laboral, algo que al final redundarán en los menores, han dicho. 

Los representantes de los trabajadores de Ozanam han cifrado el descenso presupuestario para dotar estos programas en "casi dos millones menos que en 2010", hasta los 13,4 millones para el nuevo contrato, "recortes que podrían suponer no contar con los profesionales necesarios en número y cualificación, trabajadores que hay que poner en valor por su relación directa y cotidiana con los menores", ha defendido Natalia Labé.Objetivo común  

El diputado del PP Ramón Celma ha asegurado que "todos compartimos el objetivo de proteger los derechos de los menores" y ha apostado por "unos pliegos que adapten los medios a las necesidades" y que "permita una buena gestión en todos los casos". 

La diputada del PSOE, María Victoria Broto, ha agradecido el trabajo de la Fundación Ozanam y considerado que los grupos que apoyan al Gobierno "pueden tomar nota", para opinar que la atención a los menores "es una línea rojísima que no se puede traspasar". 

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha defendido "estudiar y ver qué se puede hacer con un tema importante y un sector que está necesitado de ayudas". "Recojo lo que han planteado y es preocupante que estemos hablando solo de un aspecto economicista", ha explicado. 

La diputada de CHA Carmen Martínez ha subrayado que "la protección de menores es un servicio esencial" y "se necesita personal cualificado y habilitado para minimizar el riesgo de exclusión social o que este deje de existir". 

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha dicho que se debe "primar el valor de lo social" en los contratos públicos que "hablan de cuestiones de servicio al ciudadano" y ha indicado que "es hora de pasar de las palabras a los hechos".