Biscarrués y Marracos son los nuevos integrantes de la 'lista negra' de afectados por la contaminación de lindano en el río Gállego. El Gobierno de Aragón ha ampliado la recomendación de no consumir agua de boca a estos dos municipios, que han arrojado este jueves sendos resultados positivos en los análisis para detectar la presencia de este contaminante en el río.  Ya son seis las localidades afectadas.

Así, se registran niveles por encima del recomendado (0,10 microgramos por litro) en estas dos localidades y en los municipios de Ardisa, Santa Eulalia, Piedratajada y Villanueva de Gállego, han señalado fuentes del Ejecutivo aragonés. 

En Biscarrués se han detectado 0,65 microgramos por litro de este insecticida tóxico en el agua del Gállego y en Marracos, 0,38, por encima de los 0,10 que establece la normativa como tope legal en la calidad ambiental de las aguas. 

Preocupación vecinal

Los vecinos de Biscarrués se mostraban preocupados este jueves. Tras observar como los Bomberos comenzaban a llevar las primeras cisternas de agua al municipio, decidieron reunirse en asamblea.  Invitaron a los vecinos de toda la zona afectada a acudir el próximo viernes 3 de octubre a las 18.00 a la puerta de la sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, para protestar por su gestión en este asunto.

Y propusieron llevarle agua contaminada a la presidenta Rudi para concienciarla del problema que están viviendo.

"El disgusto es mayúsculo porque supone para gente mayor y joven ir continuamente a la plaza a acarrear agua sin parar", se quejaban este jueves desde el municipio, y subrayaban su "incertidumbre de no saber desde cuándo estamos tomando agua del río Gállego ni cuándo se tendrá una solución definitiva". 

Se quejaban también de la falta de información sobre las consecuencias del lindano. "No se sabe la incidencia sobre los animales o los huertos o si tampoco se puede fregar con el agua", apuntaban.

En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, aseguraba este jueves en las Cortes que "no es un problema de salud pública, sino de calidad ambiental de las aguas" e insisitía en lanzar un mensaje de tranquilidad a los afectados, pese a las críticas de la oposición.