El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha denunciado la demora en el cobro de la prestación de la dependencia a un niño de 8 años. Recuerda que la primera vez que la administración reconoció su grado de incapacidad se remonta a septiembre de 2011, y solo está pendiente de la aprobación de su Plan Individual de Atención (PIA) que es lo que determina el inicio del cobro de la ayuda. 

En el mismo expediente, García Vicente recuerda que el pequeño cuenta con dos valoraciones positivas: una del 7 de septiembre de 2011 en el que se le determina un grado II, nivel 1. Y una nueva revisión de marzo de este mismo año, en el que se le volvió a asignar el grado II. En concreto, según este segundo examen, le corresponde una ayuda a domicilio y prestación económica de cuidados en el entorno familiar por valor de 268,79 euros mensuales. 

La administración, en su respuesta al Justicia, reconoce que el pequeño cuenta con dos valoraciones positivas, pero que todavía su PIA no ha sido aprobado y que "como en expedientes similares, no se puede determinar el plazo real en que percibirá la ayuda". "Le informamos que desde la dirección provincial del IASS se realizará notificación en el momento que pueda acometerse el pago de la prestación, no pudiendo determinar en este momento la fecha exacta", comenta el IASS al Justicia. En ese sentido, fuentes del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia insistieron en que se está trabajando para acortar plazos y seguir dando prestaciones vinculadas al servicio en lugar de económicas. 

Para el Justicia, aunque la contestación emitida por la Administración "no incumple norma alguna, adolece de imprecisión". "En el caso que nos ocupa se añade una circunstancia especial por la minoría de edad del dependiente, incrementando en este sentido la vulnerabilidad del interesado", apostilla García Vicente. 

Recuerda que la prestación reconocida "aliviaría" la situación familiar del menor que "en la búsqueda de una mejora en la calidad de vida de este, se vio obligada a separarse físicamente, marchando la madre con los hijos a Zaragoza y quedando el marido en el pueblo de Soria en el que inicialmente residían". "El hecho de que la administración tampoco dé siquiera unos plazos aunque sean aproximados, incrementa más aún la incertidumbre de si finalmente llegará la ayuda que por ley corresponde al menor", añade el responsable de la institución.