El debate sobre la reducción del excesivo número de cargos públicos aforados ha vuelto con fuerza tras el verano de la mano del Gobierno central. En la primera reunión del Consejo de Ministros a la vuelta de las vacaciones, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Gobierno estaba dispuesto a abrir este debate que lleva tiempo en la calle y las instituciones. No en vano, la reducción de los más de 17.000 aforados que hay a día de hoy en España fue ya trasladada hace varios meses en el Congreso de los Diputados por UPyD, y de forma particular en Aragón por Chunta Aragonesista, que proponía que la Comunidad aragonesa fuera pionera en abrir esta cuestión.

Sin embargo, llevar esta idea a cabo no parece que vaya a ser un proceso sencillo. Según explicó en su comparecencia el Gobierno, la reducción del número de aforados implicaría reformar la Constitución, los Estatutos de Autonomía, o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es que, si se recorre el amplio espectro de colectivos a los que acogen estos textos, el resultado es que solo en Aragón habría a día de hoy 502 cargos públicos que, en caso de ser acusados de cometer un delito, no serían juzgados como un ciudadano corriente.

Según las primeras informaciones públicas ofrecidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el plan inicial reduciría el número de aforados hasta la cifra de 22. A saber: El Rey y la familia real, el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo y los 17 presidentes de las comunidades autónomas.

La actual legislación protege mediante el aforamiento a los cargos más representativos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto implica que, en el caso de que al cargo aforado se le acuse de un delito mientras está en su cargo no será juzgado por un tribunal ordinario -de primera instancia- como cualquier otro ciudadano, sino que, después de la concesión del suplicatorio del parlamento al que pertenezca, será juzgado por el Tribunal Superior de su Comunidad Autónoma o por el Tribunal Supremo en el caso de ser diputados, senadores o miembros del Gobierno. Así se recoge en las principales normas del país. Según la Constitución, son aforados el presidente del Gobierno y los ministros. Igualmente, el artículo 71 de la carta magna -desarrollado en la Ley Orgánica del Poder Judicial- reconoce el aforamiento a los presidentes del Congreso y del Senado y de los diputados y senadores. Una condición que después se fue extendiendo por las Comunidades Autónomas con sus respectivos estatutos, que protegen a sus propios parlamentarios.

En el caso de Aragón, los 67 diputados de las Cortes avalan su aforamiento en el artículo 38 del Estatuto, que dice que “durante su mandato (los Diputados) no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Fuera de dicho territorio, su responsabilidad penal será exigible, en los mismo términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Además, dentro del panorama político aragonés, el Estatuto también acoge la misma condición en el artículo 55 para los miembros del Gobierno -La Presidenta y sus 9 Consejeros-, algo que, no obstante, solo afecta directamente al Consejero de Economía Francisco Bono y al de Obras Públicas Rafael Fernández de Alarcón, únicos Consejeros que no están presentes en las Cortes.

De este modo, y si se mantuvieran los planes hecho públicos por el ministro de Justicia, la política aragonesa pasaría de contemplar 69 cargos aforados a tan solo 1, el de la Presidenta Luisa Fernanda Rudi.

Pero por encima de la política, el ámbito de la justicia es el que tiene si cabe mayor número de aforados. Volviendo de nuevo a la Comunidad, en Aragón gozan del aforamiento los 144 jueces y magistrados que permanecen en activo, así como los 58 fiscales o los 230 jueces de paz (institución sobre la que ha puesto el cerco recientemente el Ministerio). Además, a este número habría que sumar el cargo del Justicia de Aragón, que también es aforado.