La DGA empleará a 115 personas en los centros especiales de empleo

El Gobierno de Aragón empleará este año a 115 personas de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción para hacerse cargo de la prestación de diversos servicios y suministros en la Administración autonómica, en localidades de las tres provincias aragonesas.

Así, el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha reservado 42 contratos que saldrán a concurso entre estas entidades, lo que contribuirá a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en colectivos con dificultades, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

La cuantía total de estos contratos supera los 2 millones de euros y destacan, por su volumen económico, los de transporte adaptado, mantenimiento de zonas ajardinadas, limpiezas y lavanderías, máquinas expendedoras o mecanización y gestión de archivos.

Se trata de una iniciativa en el ámbito de la contratación, que supone un avance social y que se pone en marcha por tercer año consecutivo en Aragón.

En concreto, Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico ha seleccionado 36 contratos que saldrán a convocatoria reservada para Centros Especiales de Empleo, y otros seis contratos para Empresas de Inserción, lo que contribuirá a la creación y mantenimiento de unos 115 puestos de trabajo en estos colectivos.

Para la directora general de Contratación, María Asunción Casabona, "Aragón es una de las primeras comunidades pioneras en desarrollar una iniciativa como esta en el ámbito de la contratación, que supone un avance social".

Se trata de reservar una serie de contratos para esos centros y empresas con "el objetivo de favorecer en la contratación administrativa a sectores que normalmente están más desfavorecidos o que tienen más dificultades para acceder a contratos públicos, o para encontrar trabajo en general, ha agregado.

La mayor parte de la reserva se concentra en contratos del departamento de Hacienda y Administración Pública, Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y los sectores sanitarios.

También se licitan varios por medio del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Esta iniciativa tiene su origen en la Ley de Contratos del Sector Público de Aragón, del año 2011, que estableció en su artículo 7 las reservas sociales de contratos a favor de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma establece los porcentajes mínimo y máximo del importe de estas reservas sociales, que en 2014 se fijó entre el 2 por ciento y el 6 por ciento, a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para el funcionamiento ordinario.