Cerca de 600 casos de impago de pensiones alimenticias cada año en Aragón

La dificultad de miles de aragoneses para encontrar un empleo está desencadenando problemas de toda índole. Uno de ellos es el creciente número de casos de impagos de pensiones alimenticias en caso de divorcio, que una de las dos partes, generalmente el exmarido, debe abonar cada mes para colaborar en la manutención de los hijos.

Se trata de una problemática ya existente antes de la crisis, pero que se ha intensificado con ésta. Actualmente se denuncian en torno a 600 casos de este tipo en la Comunidad, cuando en los años previos a 2008 la incidencia media era de prácticamente la mitad.

En esta infracción incurren padres por dos motivos muy diferentes. Una de ellas es la insolvencia, "motivada en muchos casos por la pérdida del puesto de trabajo que tenían antes de que se produjera la ruptura matrimonial", explica la abogada zaragozana Begoña Cuenca Alcaine, especialista en el área de Derecho Matrimonial Familiar. El otro escenario posible, apunta la letrada, es "la falta de voluntad a la hora de cumplir con lo decretado por el juez".

La denuncia por impago del cónyuge a cargo de los hijos puede tener importantes consecuencias legales, con penas de cárcel de entre tres meses y un año e importantes multas económicas. "Actualmente están deteniendo a padres para tomarles declaración por el mero hecho de ser denunciados", explica Cuenca.

Por otro lado, si el proceso avanza por la vía civil, la administración puede proceder al embargo de cuentas corrientes y bienes del cónyuge denunciado.

Reducir la pensión

Una de las tendencias actuales ante la imposibilidad de afrontar el pago de la pensión es pedir la reducción de la cantidad, buscando una cifra proporcional con los ingresos y que cubra un mínimo de los gastos que genera el menor. "Cada vez se ven más situaciones de este tipo", apunta la abogada.

A las cerca de 600 denuncias que se registran cada año y las pensiones que se renegocian deben sumarse aquellos casos de morosidad que no se llevan a juicio porque, en palabras de Cuenca, "hay madres que prefieren no denunciar porque temen que ello podría afectar de manera negativa al hijo o hijos".

"Recurrimos a la mediación"

María (nombre ficticio) y su hijo comenzaron a cobrar en 2009 una pensión de 416 euros, que el padre abonaba puntualmente hasta que a finales de 2012 dejó de hacerlo. "Acudí a un abogado y pusimos una demanda porque con lo que ganaba en ese momento no podía hacerme cargo de los gastos normales y de la hipoteca del piso que habíamos comprado", señala.

Sin embargo, conociendo la nueva situación de su expareja y las posibles consecuencias que podía sufrir, esta aragonesa decidió retirar la denuncia. "Él había perdido el empleo y recurrimos a la mediación, una posibilidad que no conocíamos. Ahora paga una cantidad mínima de 180 euros", concluye.