Callizo defiende que la ley de lenguas oficializa el aragonés

El director general de Patrimonio Cultural, Javier Callizo, ha defendido la nueva ley de lenguas de Aragón, que supone "oficializar" el aragonés, ante el rechazo frontal de los tres grupos de la oposición, que denuncian que suprima las denominaciones de aragonés y catalán.

Callizo y los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno han mostrado de nuevo sus discrepancias con la oposición en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara respecto de una ley aprobada con polémica y que reconoce la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental y la Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica (conocidas por sus acrónimos, Lapao y Lapapyp).

En su intervención, Callizo ha subrayado que de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, la ley, además del castellano, reconoce como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental, de forma que lo que haces es "oficializar" el aragonés.

Sin embargo, Mayte Pérez, del PSOE, ha afirmado que la ley "desprestigia" las lenguas que se hablan en Aragón y que el Gobierno ha sacrificado el aragonés por no nombrar el catalán, un "despropósito" que choca con la Carta Europea de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa de 1992 y que ha conllevado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite.

Gregorio Briz, de CHA, ha afirmado que la ley es un "atropello absoluto" al aragonés y al catalán que solo esconde "unos intereses torticeros, electoralistas, anticalanistas" y que con ella se ha conseguido que Aragón sea "el hazmerreir de España y de la comunidad internacional", y ha apuntado que cuando cambie el Gobierno será enmendada.

Adolfo Barrena, de IU, ha insistido, respecto del catalán, que "una realidad, aunque se niegue, sigue siendo una realidad", ha subrayado que ni Franco consiguió que se dejara de hablar, ha denunciado que se legisle para recortar derechos y ha tachado de "fascista" la política que persigue minorizar unas lenguas que en Aragón hablan 100.000 personas (catalán 70.000 y 30.000 aragonés).

María Herrero, del PAR, ha compartido con Callizo que la ley de lenguas respeta y desarrolla el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de una forma "escrupulosa", mientras que Miguel Ángel Lafuente, del PP, ha defendido que la voluntad del Gobierno de Aragón es proteger y difundir el "verdadero" patrimonio lingüístico aragonés y no el "inducido por algunos para arrimar el ascua a su sardina".

En respuesta a los grupos, Callizo se ha referido al recurso de inconstitucionalidad, una medida que políticamente no es "muy afortunada", ha dicho, y que ha supuesto "echar mano -para su presentación- de varias docenas de diputados ajenos por completo a Aragón y en muchos casos caracterizados por un entusiasmo constitucional más bien exiguo".

"No parece que sea la compañía más recomendable para torcer la voluntad de estas Cortes", ha aseverado.