Las cárnicas de Aragón contratan a menos del 50% de sus trabajadores

CC. OO. denuncia que de los casi 7.000 empleados de este sector, unos 3.500 están contratados con distintas fórmulas de externalización, entre ellas las “falsas cooperativas” y los “falsos autónomos”.

Instalaciones de un matadero en Aragón
Instalaciones de un matadero en Aragón
Aránzazu Navarro

La batería de denuncias que CC. OO. ha presentado ante Inspección de Trabajo para poner en evidencia las variopintas fórmulas de contratación de las que hacen uso las industrias cárnicas españolas ha provocado un terremoto en un sector formado en España por 10.810 empresas que emplean a 150.000 trabajadores, que representa el 21% del PIB de la industria alimentaria y que se ha convertido en el cuatro sector industrial del país. Y sobre todo, explican desde el sindicato, ha permitido sacar a la luz las “precarias condiciones laborales” en las que se encuentran la mayoría de los trabajadores, convertidos en “falsos autónomos” que operan a través de “falsas cooperativas”.

No son ajenas a la situación las 148 empresas cárnicas que operan en Aragón, que según los datos del sindicato en la Comunidad, integran el segundo sector industrial en Aragón, “tan importante que en incluso en el diálogo social hay constituidas dos mesas, una para automoción y otra para el sector agroalimentario”. CC. OO. señala que, según los datos del Gobierno de Aragón, la industria cárnica aragonesa emplea a unos 6.800 trabajadores, pero de ellos, denuncia el sindicato, menos de la mitad, unos 3.300, están contratados directamente por la empresa. El resto, más de 3.500 trabajadores operan en los distintos centros productivos a través de fórmula de externalización. “Algunas empresas no solo disponen de plantillas propias o contratan a través de ETT, sino que además hacen uso de empresas multiservicios e incluso contratan a falsas cooperativas, haciendo un uso fraudulento de estos instrumentos de la economía social”, explica Ana Sánchez, secretaria general de CC. OO. Industria de Aragón. Sánchez detalla que este tipo de contrataciones se traduce en salarios mínimos, jornadas interminables y con apenas protección en la seguridad social.

Una de estas cooperativas denunciadas por el sindicato es Servicarne, que tras la demanda de CC.OO. Ha visto cómo la Seguridad Social convertía a sus autónomos en afiliados al régimen de la Seguridad Social. Una decisión que ha llegado hasta la planta que Vall Companys, que se nutre de ‘socios’ de Servicarne, tiene en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros y ha hecho aflorar los números de Cárnicas Cinco Villas, un matadero en el que la firma catalana emplea a unos 1.200 trabajadores, pero donde únicamente 80 están contratados de forma directa por la compañía. “El resto es un entramado de cooperativas o empresas multiservicios, que puede que sean legales pero que contribuyen a rebajar sustancialmente los salarios”, destaca Sánchez, que denuncia también que hay un amplio porcentaje de trabajadores temporales que en realidad están cubriendo un puesto de trabajo fijo.

Esta fotografía es probablemente “un corta y pega” de la que CC. OO. espera encontrar en otras grandes industrias aragonesas. “Probablemente la situación es prácticamente igual en el matadero que Grupo Jorge tiene en Zuera, donde opera a través de la cooperativa TAIC a la que también hemos denunciado”, señala Sánchez, que reconoce que, de momento, no hay cifras concretas porque los trabajadores así contratados, que en su mayoría son inmigrantes, “tienen miedo a las represalias si denuncian”.

Precisamente el grupo aragonés Jorge, se enfrenta en estos momentos a una huelga general en sus centros de Cataluña, después de reconocer que estudia un posible cierre de las plantas catalanas y el traslado de la actividad productiva -decisión que afectaría a unos 1.400 trabajadores-, debido a la “inseguridad jurídica laboral” que les provoca la nueva ley catalana de cooperativas. No existe una norma similar en Aragón que obligue a aplicar a los trabajadores de cooperativas el régimen general de la Seguridad Social. Sánchez señala que hay que conseguir normas que garanticen unas adecuadas condiciones laborales para los trabajadores e insiste en que para ello “es necesario tomar decisiones políticas y sindicales, pero también por parte de los trabajadores”.

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