Ley de Agricultura Familiar de Aragón: Una norma a derogar antes (casi) de estrenar
La ley de agricultura familiar de Aragón “inicia el camino a la derogación”. Lo ha anunciado el consejero del ramo, Ángel Samper. Y las organizaciones han respondido divididas. Unas aplauden la decisión, otras se muestran indignadas.
Casi tres años costó que Aragón tuviese una ley con la que crear un escudo que protegiera a la agricultura familiar, el modelo de explotación agraria en el que tradicionalmente se ha sustentando la producción de alimentos en la Comunidad. Con ese objetivo impulsó el anterior consejero de Agricultura del Ejecutivo de Lambán, la llamada Ley de protección de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, una norma que fue aprobada el pasado 23 de febrero de 2023 en las Cortes regionales.
Allí volverá de nuevo, apenas un año después de su entrada en vigor y prácticamente sin estrenar. Pero en esta ocasión será para dejarla sin efecto, como ya había anunciado el consejero del ramo del Gobierno PP-Vox, Ángel Samper que la pasada semana anunciaba que la norma ha iniciado ya el camino a la derogación.
No ha sido una sorpresa. El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, lo dijo alto y claro en su primera comparecencia en las Cortes de Aragón apenas unos días después de ser designado, de la mano de Vox, como titular de la política agraria de la Comunidad en el nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón. Su intención era ponerse a trabajar "desde el minuto uno" como le gusta recordar, para derogar la Ley de Protección de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario, la norma estrella de su predecesor, el socialista Joaquín Olona. Incluso entonces no sonó a nuevo porque Asaja-Aragón, organización de la que era secretario general antes de llegar al despacho de San Pedro Nolasco, había mostrado su rechazo a dicha ley.
Tres fueron los objetivos esenciales con los que nació está ley. El primero y principal era crear un escudo protector para el modelo de agricultura familiar y profesional, el mayoritario en Aragón, en España y en toda Europa, y para ello la norma imponía que este tipo de explotaciones fueran el origen de las políticas agrarias y el destino prioritario de las ayudas públicas. Ponía además el foco en el regadío y en la necesidad de establecer sistemas de gestión del recurso hídrico, tan esencial en una región árida como Aragón. La tercera finalidad de esta "ambiciosa ley", como la definió entonces su impulsor, se centraba en el establecimiento de mecanismos para dar utilidad al importante patrimonio agrario de la administración autonómica.
Asegura el nuevo consejero que él defiende la agricultura familiar, pero insiste en que no lo hace en los términos de la norma que impulsó el Gobierno cuatripartito que encabezaba Javier Lambán en la anterior legislatura. Y destaca que no es el único. Porque la principal razón que esgrime Samper para dar carpetazo a una ley que apenas ha dado sus primeros pasos es que "no partió del necesario consenso social y sectorial y fue intensamente contestada por las organizaciones agrarias, las comunidades de regantes y otros agentes del sector a los que iba dirigida", si bien la norma contó con el apoyo de UAGA (organización mayoritaria en Aragón) y UPA y fue aprobada con el voto a favor de los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, CHA, IU y Ciudadanos. PAR se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.
Muy crítico con la ley, el consejero siempre ha sido tajante al defender que "no cabe otra cosa que derogarla", llegando incluso a contradecir al propio presidente del Gobierno del que forma parte, Jorge Azcón, que hablaba no de acabar con la ley sino de introducir cambios sustanciales
Son varios los motivos por los que a Samper quiere acabar con la Ley 6/2023. Destaca entre ellos que se modifican elementos esenciales de régimen de las explotaciones ganaderas intensivas que conllevan un significativo impacto económico en su economía. Que altera, incluso, por elevación de rango normativo, la eficacia de la Administración y su capacidad de respuesta para regular determinadas situaciones con la suficiente proporcionalidad y flexibilidad. Critica que regula de forma parcial determinados subsectores de la actividad en forma contradictoria y marginal con la legislación básica estatal y de la legislación hidráulica. Y asegura que incurre en extralimitaciones competenciales, como es el caso de la regulación del regadío o las obligaciones dirigidas a funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad o mercantiles.
Son estas las razones por las que su Departamento ya ha comenzado a trabajar para revisar "en profundidad" durante este primer semestre de 2024, los artículos "más conflictivos" de la ley, para "derogar y sustituir una parte sustancial de sus contenidos", explica Samper.
El consejero no ha detallado hasta el momento qué sucederá con los artículos que hacen referencia a la protección de las explotaciones familiares, pero ha puesto especial interés en el régimen de regadíos, ya que, en su opinión, "hay que adecuar técnicamente" la regulación del sistema de la vigente ley para posibilitar la aplicación efectiva y plena del sistema de financiación que contiene, "así como abrir la norma a mecanismos de cooperación público-privada que permitan acometer un mayor número de obras de regadío y a nuevos instrumentos que garanticen mayores posibilidades de financiación".
Del aplauso a la indignación
Si la aprobación de la Ley de Protección de la Agricultura Social y Familiar y de Patrimonio Agrario evidenció las diferencias entre las organizaciones agrarias aragonesas, el anuncio de su derogación ha vuelto a destapar la caja de los truenos. Mientras que aquellos que mostraron su rechazo a la norma de Olona aplauden ahora la decisión del consejero de Vox, los que dieron el visto bueno (aunque fuera con matices) a aquella ley, se muestran ahora indignados y decepcionados con su derogación.
Especialmente crítica se muestra UAGA que contradice al consejero asegurando que la ley no solo no fue "intensamente contestada" –como asegura Samper- por las el sector, sino que insiste en que fue esta organización la única que presentó alegaciones previas a la ley y se reunió con todos los grupos parlamentarios para justificar sus aportaciones. "Ninguna otra organización o entidad presentó alegaciones, ni siquiera Asaja, organización que representaba en ese momento el actual consejero", señala UAGA, que argumenta su afirmación haciendo referencia al portal de transparencia de la DGA.
Más allá de esta discrepancia lo que molesta a UAGA es que se dé carpetazo a una ley que, aunque hubiera preferido que fuera "más ambiciosa", tiene aspectos positivos. Entre ellos destaca la definición de un modelo de agricultura familiar hacia el que se dirige prioritariamente las medidas de apoyo público, la regulación del sistema de integración ganadera para dar seguridad y estabilidad al sector, el establecimiento del marco de gestión del banco de tierras y la protección de las transformaciones y modernizaciones del regadío de interés general frente a las renovables.
Decepcionados se muestran también en UPA-Aragón con la decisión de Samper. La organización agraria lamenta que ahora que el Gobierno central e incluso la Unión Europea han anunciado su intención para proteger el modelo de agricultura familiar, Aragón da un paso atrás después de haber sido pionera en disponer una norma de estas características. Y considera que la derogación demuestra que las explotaciones sociales y familiares "no encajan en la política de partidos como Vox y PP".
Al otro lado se sitúan Asaja-Aragón y Araga, partidarias de "reformar" la ley de agricultura familiar de Aragón. Desde Asaja se insiste en que es necesaria la "defensa del modelo familiar empresarial", pero matiza que hay que hacerlo "desde una ley alejada de ideologías extremas, sin pretender imponer un intervencionismo estatal y defendiendo un modelo actual, moderno y dinámico".
Araga recuerda que desde su presentación por la anterior consejería hasta su aprobación en las Cortes, esta organización agraria ya mostró su desacuerdo convencida del "gran perjuicio" que supondría para el campo aragonés y aboga por una nueva norma que sea punto de unión entre todos los actores fundamentales del sector agrario.
UAGA: "Es una cortina de humo para no hablar de las ayudas directas al sector"
"Esta consejería está utilizando la derogación de esta ley para no hablar de las ayudas directas que prometió y para escaparse de que no está haciendo nada". Con esta contundencia muestra su indignación el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, el anuncio del titular de Agricultura de poner fin a la ley que protege a las explotaciones familiares.
Alcubierre lamenta que el modelo que parece defender Vox con esta decisión no sea el de la agricultura "competitiva y profesional, pero también social" e insiste en la "sorpresa" que le produce el anuncio del consejero "cuando Asaja, organización de la que era secretario general, no presentó las alegaciones oportunas".
El líder de UAGA asegura que su organización agraria no tiene conocimiento de "por dónde quiere ir ahora el consejero", pero le advierte que la norma es de los agricultores "no de todo el 'maremagnum' de asociaciones e entidades que quiere implicar".
Asaja: "Es necesario reformar una ley que define un modelo de agricultura caduco"
El secretario general de Asaja-Aragón, Ramón Solanilla, celebra que la ley de agricultura familiar sea reformada, porque considera que la norma tiene numerosos defectos entre los que destaca "la definición de una agricultura familiar caduca, una complejidad administrativa, así como la injerencia en temas ajenos al objeto de la ley".
Solanilla critica que en el escaso año que lleva en vigor, la norma ya ha causado "numerosos los problemas" por la definición de unas unidades mínimas de cultivo que han impedido la segregación de parcelas para la construcción de explotaciones ganaderas promovidas por agricultores profesionales. Y asegura que una de las grandes afectadas por estas ley son las explotaciones ganaderas intensivas, especialmente las de mayor antigüedad y en su mayoría granjas familiares, "dadas las limitaciones que se imponen para el cambio de titularidad, para ampliaciones o para cambios en la orientación productiva". señala,
Araga: "La ley debería recoger la diversidad de las explotaciones de Aragón"
"Celebramos positivamente la decisión de la consejería de Agricultura", señala el presidente de Araga, Federico Lorente. Y lo celebran porque esta organización agraria está convencida de que son muchos los artículos "contraproducentes para el sector". En este listado incluye los que hacen referencia a los coeficientes de profesionalidad, a las incorporaciones de jóvenes con ayudas públicas, la condición de agricultor genuino, la calificación de explotación familiar, el registro de explotaciones, las superficies mínimas de cultivo, así como la planificación y gestión de la creación de nuevos regadíos.
Para Lorente, "la riqueza de Aragón está en la diversidad de sus explotaciones y el contraste de las diferentes formas de producir" y a todas ellas "debería adaptarse la normativa". Para conseguirlo, Lorente espera que el consejero convoque a los representantes del sector "para confeccionar una ley que sea un punto de unión para todos".
UPA: "Estamos decepcionados. No es una buena noticia para el sector"
"Éramos conscientes de que esto iba a suceder", señala el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche cuando se refiere al anuncio del consejero de Agricultura, Ángel Samper, de derogar la ley de protección de la agricultura social y familiar, porque, recuerda Roche, ya se había posicionado en contra cuando se aprobó la ley y lo dejó claro desde el momento mismo en el que llegó al cargo.
Pero, aunque no le sorprende, Roche reconoce que "esta es una mala noticia para el sector" y lamenta que la consejería no quiera proteger a las explotaciones familiares frente a las "corporaciones sin escrúpulos".
Lamenta que Samper no haya contado con el sector para poner fin a la ley y que, a pesar de que el consejero ha criticado la falta de consenso para elaborar la ley que ahora va a derogar, no haya desvelado a las organizaciones agrarias cuáles son los planteamientos con los que elaborará la nueva norma y cuál será el modelo de agricultura a defender.
